Las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo cambiaron el paso político en la Comunidad Valenciana. Tras dos legislaturas al mando del socialista Ximo Puig, el popular Carlos Mazónapunta a hacerse con las riendas de la Generalitat. De este modo, se pondrá fin en la región al Gobierno del Botánico – PSPV, Compromís y Podemos- y se abrirá la puerta a la llegada de nuevas políticas en Sanidad. Uno de los elementos que han venido marcando los últimos años de la estrategia sanitaria valenciana han sido las conocidas ‘reversiones’; consistentes en retornar la gestión pública a muchos centros que venían siendo administrados por empresas privadas.
Dos polémicos ejemplos de esta estrategia del anterior Ejecutivo en coalición han sido La Ribera (Alzira) y Torrevieja, donde la nueva gestión pública ha venido generando un creciente malestar en las plantillas de estos centros hospitalarios desde que se hizo efectiva la reversión. Por parte del grupo Ribera, encargado hasta entonces de la gestión de ambos, su presidente Alberto De Rosa, ha trasladado a ConSalud.es el deseo de que el nuevo ciclo político sirva para evitar errores del pasado y se muestra partidario de que “el nuevo gobierno autonómico audite la pésima gestión realizada desde las reversiones, puesto que ya hay dos ejemplos para valorar objetivamente”.
Los planes de la nueva dirección popular de la Comunidad Valenciana pasan por llevar a cabo “un escrutinio tanto a nivel de ejecución presupuestaria, como asistencial y de recursos humanos”
Unas auditorias que parecen estar en la idea del Partido Popular valenciano, pues en palabras del hasta ahora portavoz de Sanidad en las Cortes regionales, José Juan Zaplana, su partido “apuesta por la Sanidad pública, pero siempre que se rija en términos de eficacia”. Para cerciorarse de ello los planes de la nueva dirección popular de la Comunidad Valenciana pasan por llevar a cabo “un escrutinio tanto a nivel de ejecución presupuestaria, como asistencial y de recursos humanos”. Algo nada banal teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno de la Generalitat será el responsable de decidir si continúa por la senda de las reversiones de Puig o renueva la confianza en la gestión privada.
En concreto, el 1 de febrero de 2024 es la fecha marcada en rojo en el calendario. Será entonces cuando se cumpla la fecha marcada por el anterior presidente autonómico pararecuperar la gestión del Hospital de Déniay su departamento de salud –grupo Ribera-, así como del Hospital de Manises –Sanitas-. Un año más tarde, en 2025, será el turno de decidir sobre Hospital del Vinalopó, en Elche, hasta ahora gestionado también por el grupo Ribera. Ante este panorama, De Rosa se muestra esperanzado de que los nuevos encargados sanitarios terminen “anteponiendo la responsabilidad y los problemas reales de las personas por encima del sectarismo y la ideología”.
Después de apenas diez días transcurridos desde el 28M todo parece haber quedado en un impase de espera hasta conocerse las verdaderas intenciones populares en relación a esta hoja de ruta
Las reversiones previstas en el calendario del Gobierno encabezado por Ximo Puig marcaban una hoja de ruta, completada hasta el momento a medias. Así, en 2018 fue Alzira; en 2021,Torrevieja; y ahora queda pendiente la iniciativa que se va a tomar de cara a 2024 con Dénia y Manises, así como en 2025 con Vinalopó (Elche). Después de apenas diez días transcurridos desde el 28M todo parece haber quedado en un impase de espera hasta conocerse las verdaderas intenciones populares en relación a esta hoja de ruta marcada en conjunto por socialistas, Compromís y Podemos.
Una incertidumbre que se ha trasladado a las propias plantillas de los centros implicados. No en vano, recientemente el actual Gobierno saliente había bloqueado la contratación de al menos 30 profesionales para el hospital de Dénia, al no facilitar a la empresa gestora la autorización necesaria para incorporar a este grueso de trabajadores. Del mismo modo, los actuales empleados esperan que llegado el caso de una reversión no encuentren los mismos problemas que han afrontado compañeros como los de Torrevieja; donde la Generalitat impugnó su convenio colectivo y aún esperan no ser reconocidos como “personal a extinguir”.
Las consecuencias negativas de estas reversiones han sido unas de las principales fuentes de reproche a la gestión sanitaria socialista por parte del PP durante los últimos años
Las consecuencias negativas de estas reversiones han sido unas de las principales fuentes de reproche a la gestión sanitaria socialista por parte del PP durante los últimos años. “Se ha demostrado que la gestión pública no es la panacea”, ha asegurado Zaplana, quien critica también el hecho de que durante este tiempo se haya “demonizado” a la sanidad privada cuando, por otro lado, “se ha recurrido a ella para solucionar problemas como las listas de espera”. A pesar de todo ello, los populares valencianos mantienen hasta el momento, a la espera de las anunciadas auditorias, una postura de prudencia respecto a la reversión.
Un posicionamiento, en cierta manera ambiguo, del que la candidata del PP en Dénia, Pepa Font, se alejó durante este pasado miércoles tras asegurar que su partido no se está planteando renovar la concesión privada de la sanidad en la Marina Alta.
Mantiene asimismo su confianza en que desde el nuevo Gobierno de la Generalitat, previsiblemente encabezado por Carlos Mazón, “se tomen tras las auditorias programadas las decisiones más adecuadas”
A la espera de un nuevo capítulo en el serial en el que la Generalitat Valenciana ha convertido los proceso de reversión, el presidente del grupo Ribera, Alberto De Rosa, aspira únicamente a que “nunca más se vuelva a hacer un mal uso de los recursos de todos para empeorar los servicios públicos” y mantiene asimismo su confianza en que desde el nuevo Gobierno de la Generalitat, previsiblemente encabezado por Carlos Mazón, “se tomen tras las auditorias programadas las decisiones más adecuadas”.