La Comunidad Valenciana, de manos de la consejería de Sanidad, reclama al Gobierno de España los 1.022,9 millones de euros que adeuda por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria, mecanismos con los que la Administración central debería remunerar la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.
La comunidad considera que el Gobierno central le debería, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 798,9 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.
Además, el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 99,6 millones de euros por las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023; así como otros 101,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.
La comunidad reclama el abono de los fondos dejados de percibir por la inoperatividad de la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial
De esta forma, la comunidad reclama el abono de los fondos dejados de percibir por la inoperatividad de la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial según lo previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para la garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Atendiendo al citado decreto, y en el marco del Fondo de Garantía Asistencial, se debería haber puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria a personas desplazadas entre comunidades autónomas, pero en la actualidad este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando un importante perjuicio económico a la Generalitat.
Así, ha quedado pendiente realizar la compensación con carácter retroactivo de la asistencia prestada desde julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012) hasta diciembre de 2013 en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades.
"Se debería haber puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria a personas desplazadas entre comunidades autónomas"
En el ámbito de la asistencia especializada, la confusa redacción del apartado 5 del artículo 3 del Real Decreto Ley 16/2012 hace necesario su desarrollo reglamentario para la puesta en marcha efectiva de la compensación. Así, en los sistemas de información de la consejería de Sanidad, se están identificando y registrando, de forma individual, más de 199.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que no ha sido remunerado.
Por otra parte, desde la entrada en vigor de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, el Fondo de Cohesión Sanitaria adquirió un carácter extrapresupuestario, por lo que las comunidades autónomas que, como la Comunitat Valenciana, presenten saldos positivos en la liquidación conjunta del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria deben ser compensadas por parte del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, toda la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos y ciudadanas extranjeros con Tarjeta Sanitaria Europea o procedentes de países con convenio de asistencia sanitaria recíproca es facturable, pero la metodología de cálculo de la liquidación de esta facturación utilizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Sanidad no respeta los derechos de cobro legítimamente adquiridos por las comunidades y genera pérdidas importantes para autonomías turísticas como la Comunitat, con efectos perversos y enriquecimientos injustos de unas a costa de otras.