Comienza el juicio contra la doctora Almudena Ramóna acusada de estafar, junto a un empresario, a varios pacientes con lesión medular a quienes prometía, valiéndose de su prestigio, una curación o notoria mejoría con una terapia novedosa a pesar de que no había sido verificada en ensayos clínicos ni estar autorizada por las autoridades sanitarias. Se solicita para ella una pena de cuatro años de cárcel.
El juicio se ha iniciado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Los dos acusados declararán en último lugar. Sus abogados han solicitado la nulidad de actuación por lesión de derechos fundamentales por una investigación prospectiva y, por lo tanto, la absolución de sus defendidos, a lo que Fiscalía se ha opuesto. La magistrada lo resolverá en la sentencia.
Los hechos ocurrieron en una clínica de Valencia entre los años 2015 y 2017. Según el escrito fiscal, los acusados, de común acuerdo, aprovechaban la fama y prestigio alcanzados por la doctora, que había dado conferencias sobre el trasplante de células y publicado artículos en diversas revistas científicas, para dar mayor credibilidad al tratamiento que ofertaban.
Los acusados aprovechaban la fama y prestigio alcanzados por la doctora para dar mayor credibilidad al tratamiento
Así, según el mismo relato, publicitaron a través de una página web una terapia médica denominada 'TRM', de aplicación exclusiva en su clínica, para lesiones medulares que consistía en un nuevo tratamiento médico multidisciplinar con aplicación individualizada llevaría a cabo en cuatro fases.
En la primera fase, un diagnóstico multisistema para identificar el perfil anatómico y funcional del paciente con el fin de establecer su idoneidad para someterse a la terapia; a continuación, una terapia de activación medular con tratamiento farmacológico, rehabilitación, fisioterapia, nutrición y psicoterapia para activar regiones específicas de la médula espinal y optimizar el funcionamiento de los sistemas corporales afectados por la lesión medular.
En tercer lugar, un trasplante celular mediante inyección de células glía envolvente del bulbo olfatorio del propio paciente autotransplante y, por último, una terapia de reinervación y estabilización funcional para una reconexión específica de fibras nerviosas su activación y estabilización.
"Se aprovechaban de la situación de gravedad de quienes padecían una lesión medular, que por su vulnerabilidad confiaban en aquellos métodos aparentemente legales”
Los acusados, para captar a los pacientes, adjuntaban además documentos relativos a tres pacientes de la clínica que supuestamente habían recuperado actividad muscular y sensibilidad después de someterse a la terapia de activación medular.
Sin embargo, la Fiscalía afirma que la esta terapia y, en concreto, el trasplante celular que ofertaban "carecía de cualquier tipo de evaluación clínica de su idoneidad o sometimiento a estudios de investigación preclínica" y, además, tampoco contaba con la autorización de la Agencia Española del Medicamento, de lo cual los acusados "eran plenamente conscientes".
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
Además, los medicamentos que usaba en la segunda fase del tratamiento eran "homeopáticos sin indicación terapéutica y utilizados para síntomas menores, no indicados para pacientes que sufren tan grave afección como una lesión medular".
De esta manera, los acusados "se aprovechaban de la situación de gravedad de quienes padecían una lesión medular, que por su vulnerabilidad confiaban en aquellos métodos aparentemente legales que les ofrecían una curación o una notoria mejoría, por lo que en su desesperación accedían a someterse a la terapia".
Los pacientes se sometían a la primera fase desembolsando para ello la cantidad que se les pedía, pero luego no pasaban a la segunda fase ya que se les decía que no eran aptos para el trasplante "a sabiendas de que éste nunca podrían llevarlo a cabo al no estar autorizado". Los pacientes pagaron en estas primeras fases cantidades que oscilaban entre 2.793 euros y 5.964 euros y uno de ellos decidió no continuar cuando le dijeron que el coste ascendía a 60.000 euros.