La Sociedad Española de Psicología Clínica (Anpir) ha criticado la puesta en marcha de una nueva ley de la Comunidad Valenciana, que permitiría que psicólogos sin especialización puedan acceder a la Atención Primaria y tratar a los pacientes sin contar con el PIR.
Según informan desde Anpir, el artículo 142 de la Ley 8/2022, publicada en el BOE el 2 de marzo de 2023, añade un nuevo “artículo 4 septies, Implementación de profesionales de salud mental en el ámbito sanitario, en el capítulo IV del título I de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunitat Valenciana”.
En su punto 3 se establece: “En coherencia con la tasa reflejada en el apartado anterior, se garantizará que, al menos, se dispondrá de un psicólogo clínico en cada centro de salud de atención primaria, en cumplimiento de las ratios mínimas que recomiendan las organizaciones europeas de salud mental. Ante la imposibilidad de contar con un psicólogo clínico para dar cobertura a la salud mental, se requerirá el perfil del psicólogo general sanitario para suplir estas funciones en los centros de salud donde se dé este supuesto”.
Desde Anpir ponen el foco en este punto, ya que, como ha criticado Javier Prado, presidente de la Asociación, el supuesto de que no sea posible dar cobertura a las plazas requeridas “es muy peligroso, porque la administración puede actuar de manera muy arbitraria con las contrataciones. La materia de falta de profesionales siempre es cuestionable, no sabemos si se esfuerzan lo suficiente como para retener a los profesionales o si les ofrecen unas buenas condiciones”.
“Ante la imposibilidad de contar con un psicólogo clínico para dar cobertura a la salud mental, se requerirá el perfil del psicólogo general sanitario”
En este sentido, Pardo ha recordado que, en la última OPE de psicólogos clínicos en Valencia, “se presentaron 220 especialistas en psicología clínica para 38 plazas, es decir, sí que hay profesionales”.
La Sociedad Española de Psicología Clínica ha valorado "positivamente todas aquellas medidas encaminadas a la mejora de la atención que reciben las personas con problemas de salud mental”. Sin embargo, aclaran, “nuestros servicios jurídicos han estudiado detenidamente la citada modificación normativa concluyendo que podría tratarse de una norma arbitraria, inconstitucional y que profundiza en la precarización y el desmantelamiento de las garantías asistenciales mínimas que deben hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los usuarios de la sanidad pública valenciana”.
“Lo que ha pasado en Valencia, desde nuestro punto de vista, es muy grave. Las Cortes valencianas han aprobado una ley autonómica que contraviene leyes jerárquicamente superiores y de carácter general que regulan derechos y principios fundamentales recogidos en laConstitución Española”, lamenta Prado.
“Las cortes valencianas han aprobado una ley autonómica que contraviene leyes jerárquicamente superiores y de carácter general que regulan derechos y principios fundamentales recogidos en la Constitución Española”
A este respecto, Anpir cita a la propia Constitución: según la disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: “Los psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada”.
Es por ello que, como ha advertido Pardo, “el riesgo que conlleva es que, agrediendo a una especialidad sanitaria como es la psicología clínica, se abre el camino a devaluar toda la formación sanitaria especializada. Vamos a ir poco a poco devaluando el sistema”. Por ello, añade el presidente de Anpir, “nos parece una falta a todas las bases de la convivencia y lo consideramos anticonstitucional”.
Por otro lado, la legislación vigenteconsidera a la Psicología General Sanitaria como una disciplina diferente a la Psicología Clínica, como se desprende del actual acceso a ambas desde el grado en Psicología. “La Psicología General Sanitaria realiza promoción y mejora del estado general de salud propias del ámbito sociosanitario, público y privado, y los centros de reconocimiento de conductores, mientras que la Psicología Clínica se ocupa del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, relacionales y del comportamiento”, han aclarado desde la sociedad de psicólogos.
“Nos parece una falta a todas las bases de la convivencia y lo consideramos anticonstitucional”
Prado, además, ha avisado de que esto empezará a llevarse a cabo en los entornos rurales. "En una zona de difícil acceso o de difícil cobertura, en algún lugar del interior de la Comunidad Valenciana, hará falta un psicólogo clínico en Atencion Primaria y convocarán una oferta, ya veremos qué visibilidad y criterio le dan. Hay suficientes profesionales en el país, pero si se pretende que alguien acepte un contrato, hay que ofrecerle unas buenas condiciones”.
El presidente de Anpir ha destacado que se trata de una "precarización progresiva", ya que "el especialista no va a aceptar condiciones precarias. El problema es la devaluación del servicio y la atención al ciudadano. Es un atentado más a la sanidad de este país".
En consecuencia, se ha iniciado el procedimiento de solicitud de auxilio tanto al Defensor del Pueblo como al Síndic de Greuges. Asimismo, se ha informado de que se realizarán las gestiones que sean pertinentes para revocar la presente modificación legislativa, así como se impugnarán todos los actos administrativos que se fundamenten o justifiquen en una ley presuntamente inconstitucional. "Todas las medidas jurídicas que podamos tomar las vamos a tomar, y si hace falta llegaremos al constitucional, vamos a llegar hasta el final".
Desde la sociedad de psicólogos se ven posibilidades de que esta ley se revierta. "No puede ser posible que una comunidad se salte una ley jerárquicamente superior", ha concluído Prado.