El pasado jueves 3 de diciembre el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia acogía la comparecencia de los altos cargos de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana imputados por la falta de material necesario durante la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
Los altos cargos se acogieron a su derecho a no declarar y, tal y como informan desde Valencia Plaza, el motivo aludido es que se encuentran pendientes de que se produzca el pronunciamiento por parte de la Audiencia de Valencia por un recurso presentado por la Fiscalía a través del que se ha solicitado el sobreseimiento de la investigación en curso. De este modo hasta que no se emita el pronunciamiento de la Audiencia no responderán a las preguntas del juez.
En este caso cabe señalar que el criterio del juez y el fiscal es dispar. El pasado mes de septiembre el juez imputaba a la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Carmen López, y al director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García, partiendo de una denuncia presentada por un grupo de abogados. La denuncia se sustenta en la falta de equipos de protección y test para los sanitarios. Esta decisión abría la puerta a la vía penal en la Comunidad Valenciana con el objetivo de poder determinar el grado de responsabilidad política sobre los referidos hechos.
A pesar de que la Fiscalía Provincial de Valencia solicitó el archivo al entender que no se había cometido ningún delito, el juez continuó adelante con el proceso tras considerar que es necesario esclarecer si los altos cargos adoptaron o no “las medidas pertinentes para luchar, evitar, paliar o atajar la actual pandemia”.
El juez continuó adelante con el proceso tras considerar que es necesario esclarecer si los altos cargos adoptaron o no “las medidas pertinentes para luchar, evitar, paliar o atajar la actual pandemia”
Tras esta decisión Jaime Gil, representante del Ministerio Público, presentaba un recurso de apelación ante la Audiencia. Un escrito mediante el que insistía en que en la referida denuncia no se determinaba "ni cuándo se han producidos los hechos, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado". Motivos por los que, en su opinión, hace que la sentencia sea "no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida", siendo esta “genérica y prospectiva”, hecho que no permite la jurisprudencia.
"Para poder hablar de imputación penal dirigida a los querellados en esta causa, en una situación excepcional como la que estamos viviendo, no basta con constatar la realidad de que existen carencias y retrasos en los medios de protección, sino si a los mismos se le puede considerar como legalmente obligados". Por el momento, la Audiencia no ha emitido un pronunciamiento y, cuando lo emita, los altos cargos deberán volver a ser citados.