La Comunidad de Madrid presenta alegaciones al Proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del SNS por "invasión de competencias, redundancia en sus planteamientos, falta de rigor y ausencia de memoria económica, además de establecer un marco de inseguridad jurídica". De esta manera, el Ejecutivo madrileño ha presentado estas alegaciones a la consulta pública previa que recoge el proceso de este proyecto de ley impulsado por el Departamento de Mónica García.
Desde la Comunidad de Madrid entienden que el texto podría exceder las competencias estatales e invadir competencias propias de las CCAA en materia de coordinación y bases generales de la sanidad, y podría suponer una vulneración de las normas europeas incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.
"Carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna y sin relacionar ni concretar los problemas que dice querer subsanar con la normativa vigente"
El texto, además, alegan desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, trata de regular el modelo de colaboración público-privada en materia de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, "cayendo en la redundancia", ya que muchas de las normas propuestas ya se vienen aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años.
Por todo ello, el Ejecutivo autonómico percibe que la propuesta del Ministerio de Sanidad "no aporta soluciones realistas, ni concretas. Está redactada genéricamente y carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna y sin relacionar ni concretar los problemas que dice querer subsanar con la normativa vigente".
RECHAZO DE LOS HOSPITALES PRIVADOS
Las alegaciones de la Comunidad de Madrid llegan un día después de que la Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) presentasen también un documento de alegaciones frente al mismo proyecto de ley. En el mismo, dejan patente que la opinión de la Asociación es frontalmente contraria a este proyecto del Ministerio de Sanidad que trata de blindar la gestión directa de la sanidad pública y hacer imposibles los modelos de gestión privada, persiguiendo los existentes hasta su total reversión”.
“Con una norma como esta, se va a socavar otro de los pilares del estado de derecho, como es la seguridad jurídica de todo el sector de la sanidad privada de este país”
Entre las alegaciones presentadas insisten en aspectos relativos a cómo puede afectar una ley como la planteada a los pacientes y la inseguridad que puede crear. “Con una norma como esta, se va a socavar otro de los pilares del estado de derecho, como es la seguridad jurídica de todo el sector de la sanidad privada de este país”, subraya el documento.
Asimismo, desde ACHPM concluyen que “si el Ministerio de Sanidad realmente quiere contribuir a mejorar el sistema sanitario español, que realmente lo necesita, sin generar nuevos problemas y buscando soluciones reales pensando en los pacientes, en nuestra opinión lo mejor que puede hacer esutilizar el camino del Consejo Interterritorial, y en él, como órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud (SNS), buscar las soluciones más adecuadas, junto a las CC.AA. que son las que tienen la competencia en esta materia, y con la vista puesta en el conjunto de la sanidad, pública y privada, como única forma de superar los problemas que ahora mismo tiene el SNS”.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, preguntada por esta cuestión, ha salido del paso este jueves asegurando que no concibe que se pueda argumentar que la futurible ley va a invadir competencias, cuando "todavía ni existe". García aclara que "lo que ha habido ha sido una consulta pública, en la cual la Comunidad de Madrid ha podido hacer alegaciones para que nosotros podamos elaborar un texto".