Aunque una mentira se repita insistentemente, siempre será una mentira. Esto es lo que está ocurriendo con la campaña orquestada por el Gobierno de Sanchez, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID 19.
Se cumplen ahora cinco años desde que se declaró la pandemia, y también se cumplen cinco años desde que se inició la campaña de acoso y derribo, bajo el eslogan de 7.291, que representa el número de fallecidos en las residencias de ancianos de Madrid, cuya responsabilidad se le atribuye a la presidenta de la Comunidad madrileña como consecuencia de los “protocolos de la vergüenza”, tal y como los califica el bloque de izquierdas perfectamente coordinado en esta campaña.
La primera falsedad que encontramos en esta campaña es precisamente en su eslogan. Cómo es posible que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya sido capaz de dar una cifra exacta de fallecidos por la pandemia de COVID 19 después de cinco años, y sean tan precisos dando una cifra exacta de los fallecimientos en las residencias de Madrid. ¿De dónde sale la cifra de 7.291?, ¿cuáles son las estadísticas oficiales de fallecidos por COVID en las residencias?, ¿quién filtra este dato? Y lo que es más importante, ¿qué objetivo persigue?.
"Cómo es posible que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya sido capaz de dar una cifra exacta de fallecidos por la pandemia de COVID 19 después de cinco años, y sean tan precisos dando una cifra exacta de los fallecimientos en las residencias de Madrid"
Los datos oficiales que maneja la Comunidad de Madrid cifran en 4.123 el número de fallecidos en residencias de ancianos (con certificado de defunción por COVID-19) entre enero y junio de 2020, de los más de 30.000 que fallecieron en total en las residencias de toda España. Así, todo lo demás son meras especulaciones.
La cifra de 7.291 es la consecuencia de los “protocolos de la vergüenza”, según la campaña de la izquierda, que impidió trasladar a los ancianos a los centros hospitalarios. Segunda falsedad.
El Ministerio de Sanidad elaboró un primer documento el 5 de marzo de 2020 (nueve días antes de la declaración del estado de alarma), donde se establecían las Recomendaciones a Residencias de Mayores y Centros Sociosanitarios para el COVID-19
En dicho documento se enumeraban los motivos por los que las personas mayores suponen el colectivo de mayor riego y en el punto '2.2 Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19' figura textualmente:
“En el seguimiento de una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado se tendrá en cuenta lo siguiente: deberá restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio durante el periodo de vigilancia establecido. Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán salir con una mascarilla quirúrgica. Se realizará una vigilancia activa en busca de síntomas respiratorios según lo establecido. Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado cumple criterios de caso en investigación, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará el seguimiento según lo establecido por las mismas. No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno”.
"Estas recomendaciones las han seguido prácticamente todas las comunidades autónomas sin excepción y siempre ha sido el profesional médico el que ha establecido los criterios para derivar a un residente a un centro hospitalario en función de su cuadro clínico"
La revisión de este mismo documento denominado Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial, ampliaba la información del documento anterior, pero seguía estableciendo la permanencia en el centro sociosanitario de los residentes contagiados por COVID-19 y todo centro sociosanitario que detectase que un residente pueda haber sido contacto de un caso de COVID-19 indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia y se lo comunicará a los servicios de salud pública para que valoren dicha identificación según el “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARSCoV-2)”. Es decir, que será el profesional médico quien determine la gravedad en cada caso y la necesidad de traslado a un centro hospitalario si es necesario.
Estas recomendaciones las han seguido prácticamente todas las comunidades autónomas sin excepción y siempre ha sido el profesional médico el que ha establecido los criterios para derivar a un residente a un centro hospitalario en función de su cuadro clínico.
El 13 de marzo, la Comunidad de Madrid creó la Red de Geriatras Referentes de Hospitales para hacer de enlace a las residencias de mayores de forma efectiva ante la situación de pandemia. Así, bajo el consenso de los 26 geriatras referentes se elaboró un Protocolo Clínico de derivación, que no fue ni una instrucción ni una orden. Dicho documento contenía las medidas de recomendación para la derivación hospitalaria, siempre supeditada a la valoración de cada geriatra de enlace, que ponderaba los posibles beneficios frente a los riesgos o impactos del traslado a los hospitales, es decir, igual que la recomendación del Ministerio de Sanidad.
El SUMMA 112 realizó 35.800 traslados (un 65% del total) de personas mayores de 70 años a hospitales, 11.200 de ellos procedentes de residencias, lo que indica claramente que en ningún caso hubo una orden de no trasladar a los ancianos de residencia a los hospitales y siempre estaba supeditado al criterio del médico.
"Lo que más escuece a los promotores de la campaña contra Ayuso son los 62 procedimientos judiciales por el Covid contra la Comunidad de Madrid que han sido archivados hasta la fecha"
A finales de la primera ola, 10 Sociedades Científicas, las más relevantes de España, firmaron un documento conjunto respaldando los criterios y las actuaciones de los profesionales en los centros hospitalarios y en las residencias de Madrid.
El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, defendió así la actuación de Madrid: “No se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario. Duele escuchar afirmaciones del tipo: “se han prohibido las derivaciones”, “se les han negado tratamientos”, “se ha abandonado a las residencias"
Otro de los bulos que se han difundido sobre las residencias fue que aquellos ancianos que disponían de un seguro sanitario privado se le trasladaba inmediatamente a un hospital si era necesario. Una afirmación totalmente falsa ya que se creo el Mando Conjunto que englobaba tanto a los hospitales públicos como privados y se estableció los criterios de ingreso exactamente igual para todos bajo la dirección y coordinación de la Consejería de Sanidad de Madrid.
Pero lo que más escuece a los promotores de la campaña contra Ayuso son los 62 procedimientos judiciales por el Covid contra la Comunidad de Madrid que han sido archivados hasta la fecha.
La Fiscal Superior de Madrid afirmó que el protocolo que envió la Comunidad de Madrid a las residencias en plena primera ola de la pandemia de coronavirus era “una recomendación” y “no prohibía” derivar a ancianos a hospitales, y de hecho “se derivó a muchos residentes”.
En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya se ha pronunciado en varias ocasiones ante diferentes recursos que se le han interpuesto por “inactividad” de la Comunidad de Madrid en las residencias durante la primera ola. Concluyen que desde la Comunidad de Madrid se han venido desplegando todos los medios disponibles para la asistencia de los centros de personas mayores y mediante la derivación de residentes al propio hospital.
Si la estrategia del PSOE, para volver a recuperar el gobierno de la Comunidad de Madrid, sigue siendo los muertos en residencias de ancianos y sigue retorciendo el dolor de los familiares, es muy probable que tarden otros 30 años en recuperar el gobierno de Madrid y lo más probable es que en las próximas elecciones deje de ser la tercera fuerza política en la región y acabe siendo un partido residual sin apenas representación parlamentaria. A los ciudadanos cada vez es más difícil engañarlos constantemente.