Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido este martes al acto de apertura del curso 2023/2024 en la Universidad Politécnica de Madrid. Allí, ha aprovechado para presentar y desgranar algunos de los aspectos de la nueva Ley de Universidades, cuya tramitación para llevarla a la Asamblea de Madrid está prevista para finales de este 2023.
La presidenta ha criticado el “lastre” y la “pésima normativa estatal” que supone la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario implementada a nivel nacional. “Entre otros problemas, la legislación nacional plantea un tremendo impacto económico, y el Gobierno de España no ha ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite”, denuncie.
Así, informa la Comunidad de Madrid en un comunicado, el objetivo de la nueva Ley de Universidades es promover la excelencia docente e investigadora y paliar las deficiencias de la mencionada LOSU. Actualmente, la comunidad autónomacuenta con 19 universidades, 6 de ellas públicas y 13 privadas, con importante presencia de grados sanitarios en todas ellas.
"El Gobierno de España no ha ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que facilite el impacto económico de la legislación"
En el conjunto de las universidades estudian, en total, más de 320.000 alumnos, y trabajan cerca de 32.000 profesores y 12.000 trabajadores de Administración y Servicios. Además, casi el 60% de los estudiantes de nuevo ingreso procede de otras regiones, y más de 30.000 de otros países.
La futura Ley de Universidades, de hecho, duplicará la partida destinada a becas socioeconómicas, para tratar de garantizar la “igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores”. Para ello, duplicará su presupuesto, que pasará de 3 a 6 millones, y continuará “mejorando los procesos de tramitación y ejecución de las discapacidad”. También se incrementará la cuantía de las ayudas de movilidad Erasmus Plus.
A nivel más general, la nueva legislación incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea “plurianual y revisable, para transferirles una inversión adecuada y adaptada a sus peculiaridades que invierta en saber y en talento pero que, además, no deje de impulsar la Universidad como motor de innovación y progreso en estrecha relación con su entorno social económico y productivo”. Según reza el comunicado, el objetivo es hacer un sistema más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios.
NUEVA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
Otro punto que abordará la Ley de Universidades es la nueva normativa de contratación del personal laboral. Con tal fin, la comunidad ya trabaja en una comisión que vele por la seguridad jurídica del proceso y que contribuya a satisfacer las necesidades docentes.
Además, con el objeto de apoyar el fomento y la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología en las universidades públicas, la Comunidad de Madrid va a invertir 32 millones de euros, desde 2023 a 2026, dentro del marco del Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica VI (PRICIT).
“Lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad, lo que hace la ley nacional es allanar el camino a la politización de los campus”, critica Ayuso. “Y como muestra de los preocupantes tiempos que vivimos, se erosiona gravemente la imprescindible neutralidad ideológica de los claustros”, sentenció en el acto.