El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes 7 de junio un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la declaración de actuaciones coordinadas frente al coronavirus aprobada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) la semana pasada y que fue comunicado, mediante orden, la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
La noticia ha sido hecha pública por la propia presidenta regional en funciones a través de su perfil de Twitter donde ha explicado que considera estas medidas “arbitrarias”, y que “atentan contra el sentido común e interés de los madrileños”. En este sentido ha añadido que “para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo”.
Tal y como informan desde Europa Press, la Comunidad de Madrid ha solicitado medida cautelarísima inaudita parte solicitada al amparo del artículo 135 Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa y, subsidiariamente, medida cautelar mediante su tramitación ordinaria de acuerdo con el apartado 1.b) del mismo artículo.
Considera estas medidas “arbitrarias”, y que “atentan contra el sentido común e interés de los madrileños”. En este sentido ha añadido que “para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo”
Cabe destacar que, a pesar de que la impugnación de la orden comunicada tiene como objetivo su anulación íntegra, la pretensión cautelar “se refiere a la suspensión de las medidas que causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable”.
El Ejecutivo madrileño explica que en la región actualmente rige la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, a través de la que se han establecido una serie de medidas de carácter preventivo para hacer frente a la crisis sanitaria generada por la pandemia, una vez finalizó la prórroga del Estado de Alarma. De esta forma argumentan, tal y como informan desde Europa Press que "el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra" e inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. A su parecer, es "evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad".
Motivos por los que considera que “sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica".