La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante.
Este martes, el pleno del Tribunal Constitucional ha realizado el primer examen al recurso de la Obra Cultural Balear (OCB) contra la supresión del requisito del catalán en la sanidad de las Islas.
El órgano ha admitido a trámite el recurso, pero no ha decidido sobre sobre su fondo.La corte de garantías ha precisado en un comunicado que el recurso en cuestión se dirige contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única del Decreto-Ley del Govern balear 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario. La iniciativa fue formalizada por diputados del PSOE y Sumar del Congreso.
"Vulnera el principio de igualdad, volcado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatuto de Autonomía"
La OCB sostiene que el decreto del Govern del PP que suprime el catalán como requisito, volviendo a considerarlo un mérito, "vulnera el principio de igualdad, volcado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatuto de Autonomía". También creen que "atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente".
A su vez, consideran que se hace un "uso fraudulento" de la figura del decreto ley, alegando que "no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad".
Asimismo, los del PSOE y Sumar adujeron que podría suponer una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.
Con esto, el catalán vuelve a considerarse un mérito, revocando los cambios normativos que introdujo el Ejecutivo de Francina Armengol. A finales de septiembre el Parlament validó el decreto que recogía esta medida con los votos en contra de PSIB, MÉS y Unidas Podemos.