El Partido Socialista en las Islas Baleares y Sumar Més propondrán un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra el decreto ley de sanidad, que elimina el requisito del catalán de la sanidad pública balear. Se trata del Decreto ley 5/2023, que eliminaría este requisito para convertirlo en un mérito.
Esta decisión de ambos partidos ha venido motivada por una petición de la Obra Cultural Balear (OCB). Esta entidad promueve la lengua y la cultura baleares, y es por ello que ha considerado como negativa la decisión de acabar con este requisito lingüístico.
Según las palabras de la propia entidad, "el mismo día de su validación por parte del Parlamento de las Islas Baleares, la OCB anunció que ya había iniciado conversaciones con los dos grupos parlamentarios, a través del PSIB y de Més per Mallorca, para hacer posible que al menos 50 diputados firmen y presenten el recurso elaborado por los servicios jurídicos de la entidad".
Se han detectado motivos de posible inconstitucionalidad en la eliminación del requisito
En palabras de Antoni Llabrés, miembro de la junta directiva de la OCB, se han detectado motivos de posible inconstitucionalidad en la eliminación del requisito, motivo por el que consideran "imprescindible" que el Tribunal Constitucional se pronuncie. "Por un lado, porque no se encuentra suficientemente justificada la utilización de la figura del decreto ley, tal y como lo regula el Estatut: no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad".
La necesidad de la norma, según expresó la consejera sanitaria Manuela García, es la de "lograr la atracción y fidelización del personal sanitario", reto que García consideró "el más importante" de la actualidad en la sanidad balear. Así lo explicaba García tras recibir la cartera de manos de su predecesora en el cargo, Patricia Gómez.
Así, el TC será el encargado de dirimir, una vez se haya presentado el recurso, si esta necesidad se trata o no de un caso de "extraordinaria y urgente necesidad", como reclama la entidad balear OCB. Otra de las reivindicaciones de obra cultural, es que tampoco se daría lo que el Tribunal Constitucional denomina “conexión de sentido” entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que se adoptan en el decreto ley. "La propia consejera de Salud afirmó que desconocía cuántos profesionales conseguiría atraer con esta medida. También indicó que desconocía si algún sanitario se había ido a causa del requisito de catalán", según afirman.
La necesidad de la norma, según expresó la consejera sanitaria Manuela García, es la de "lograr la atracción y fidelización del personal sanitario
Igualmente, critica Llabrés, se infringe el art. 49 del Estatuto, "puesto que la utilización del decreto ley no puede afectar a derechos reconocidos en el Estatuto". En este caso concreto quedaría afectado directamente al ejercicio del derecho de opción lingüística previsto en el art. 14.3, que dispone que "Los ciudadanos de las Illes Balears tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales ya recibir respuesta en la misma lengua utilizada". Así lo describe el portavoz.
La medida ya fue aprobada por el Consejo de Gobierno autonómico del pasado 28 de agosto, enmarcada en un "Plan de medidas urgentes para captar y fidelizar a profesionales sanitarios, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria y reducir las listas de espera", según anunciaba la consejera. El decreto también contemplaba otras medidas como la regulación jurídica de zonas de difícil cobertura y la declaración de nuevas de muy difícil cobertura. "El Govern tiene como prioridad que la sanidad pública balear se ajuste a las necesidades reales de la ciudadanía, con profesionales cualificados y una atención sanitaria de calidad. Por eso, aumentar el personal sanitario es una tarea urgente para garantizar la atención y reducir las listas de espera", afirmó Manuela García.
Casi un mes después, el 26 de septiembre, fue el Parlamento autonómico de Baleares el que ratificó esta decisión gracias a los votos a favor de PP y Vox, así como del diputado de Sa Unió y el voto en contra de PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos. En definitiva, quedará ahora en manos del recurso al TC, el futuro de este requisito lingüístico.