Mientras la Ejecutiva del PSOE, con Pedro Sánchez liderando, apoya el decreto lingüístico de Armengol, y PP y Ciudadanos se muestran contrarios, las últimas manifestaciones en las Islas Baleares sobre la entrada en vigor de esta medida también ponen sobre la mesa las diferentes posiciones de los sindicatos profesionales. Así, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han salido a la calle para mostrar su rechazo al decreto, con el lema “No al decreto de catalán. Mérito: sí. Requisito: no”. Sin embargo, otros sindicatos como Satse, SAE, UGT y Comisiones Obreras están a favor. En la propia Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada el pasado 9 de febrero, todos ellos votaron el sí al decreto.
Tras la polémica surgida, sindicatos como Satse Baleares han aprovechado las redes sociales para informará sobre su conformidad. De este modo, Jorge Tera, secretario autonómico Satse Islas Baleares, señalaba en Twitter: Sí al decreto “porque el nivel umbral que se pedirá, el B1, es mucho más accesible y motivador en particular para profesionales castellanoparlantes que el B2 avanzado que es el que actualmente se exige con ley 4/2016 en vigor”.
En esta línea se ha manifestado también la consejera de Sanidad balear, Patricia Gómez, que en una carta a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aclaraba esta iniciativa, con el objetivo de “evitar interpretaciones equivocadas”. La titular autonómica explicaba que el nuevo decreto permitirá mantener el puesto a las personas que hayan obtenido una plaza y no acrediten el nivel de catalán exigido en el plazo de dos años: B1 para médicos y enfermeros, y A2 para auxiliares de enfermería y celadores. Se trata, según la consejería de una “exigencia mínima”.
PP Y CIUDADANOS, CONTRARIOS
Por su parte, la ministra de Sanidad sigue manifestándose contraria a esta exigencia y declara que “no podemos perder el talento de los profesionales sanitarios debido a si dominan más o menos una lengua”. Por este motivo, ha solicitado su retirada.
Ciudadanos, por otra parte, ha anunciado que presentará una proposición de ley para que las lenguas cooficiales sean “un mérito y no un requisito”. Así lo avanzaba el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas. Esta iniciativa plantea la modificación de la ley del estatuto básico del empleado público, incluyendo una “cláusula antidiscriminación” con el fin de “evitar que ninguna legislación autonómica pudiera introducir el conocimiento de las lenguas como una barrera”. Así Villegas ha defendido que el mérito “debe ser proporcional a las necesidades de cada territorio y a las características de cada uno de los puestos de trabajo, pero nunca un requisito legal”.