Este lunes 5 de agosto se han publicado en el Boletín Oficial de Estado las resoluciones aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de la contratación de emergencia en el ejercicio 2020, surgida fruto de la crisis sanitaria de la Covid-19. Las resoluciones se refieren al ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social, así como a todo lo relativo a la gestión de estas contrataciones por parte de las comunidades y ciudades autónomas.
En la primera de las mismas, el órgano compuesto por diputados y senadores insta a la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social a llevar a cabo una verificación suficiente de la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias, siempre que sea compatible con la atención inmediata de la emergencia planteada y con la finalidad de asegurar el adecuado cumplimiento del contrato. Asimismo, les llama a solicitar ofertas de diferentes licitadores y a negociar los términos del contrato susceptibles de poder negociarse, salvo que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida.
Considera que las explicaciones trasladadas por el Tribunal de Cuentas en la comisión celebrada el 11 de abril de 2024, en base a su Informe de fiscalización sobre los contratos de emergencia por la pandemia, resultan “insuficientes”
De la misma manera, la Comisión Mixta considera que las explicaciones trasladadas por el Tribunal de Cuentas en la comisión celebrada el 11 de abril de 2024, en base a su Informe de fiscalización sobre los contratos de emergencia por la pandemia, resultan “insuficientes”. En base a esto, instan a este tribunal a elaborar sendos informes más pormenorizados sobre la solvencia de los contratistas elegidos en ese periodo; los materiales recepcionados y devueltos –también la causa-; y todos los detalles sobre la devolución de estos importes desde la Administración Socio-Laboral y Seguridad Social a los ministerios.
Igualmente, desde las Cortes Generales reclaman también al Tribunal de Cuentas que explique la licitación de los contratos con IVA, dado que se encontraba vigente una exención general -Real Decreto-ley 15/2020- que establecía la aplicación de un tipo impositivo del 0 % para los productos en estas circunstancias de urgencia.
En lo que se refiere a la disposición publicada sobre los entes autonómicos sin órgano de control externo propio, desde la Comisión Mixta les instan a procurar la formalización del contrato de emergencia en un documento escrito “preciso y definido”; que recoja las prestaciones, precio, plazos de su ejecución y su duración, etc,. Todo ello, para poder asegurar la exigencia de su cumplimiento contractual de resultar necesario.
Deberá reflejar todos los aspectos relevantes, incluyendo a las empresas o personas que fueron elegidas en las licitaciones, el destino final de los bienes adquiridos, así como la información relativa a los suministradores de origen
Asimismo, los representantes de las Cortes llaman, de la misma manera, a estas administraciones regionales a que soliciten y obtengan ofertas de diferentes licitadores; negociar los términos del contrato susceptibles de ello; así como proveerse de referencias de los precios habituales de mercado de los bienes y servicios objeto de contratación, en los supuestos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida. Además, reiteran que las explicaciones desde el Tribunal de Cuentas son insuficientes y le instan a analizar los efectos que tuvo la actuación del gobierno central en la toma de decisiones sobre las CC.AA. y su contratación, que provocaron “importantes disfunciones”.
FOCO EN BALEARES
En esta línea, la Comisión Mixta guarda una disposición especial para Baleares. No en vano, esta región se ha visto salpicada de lleno por irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia de Covid-19: 'caso Koldo'. Por ello, instan a la administración insular a elaborar una auditoría en profundidad de los contratos de emergencia celebrados durante 2020. En la misma, deberá reflejar todos los aspectos relevantes, incluyendo a las empresas o personas que fueron elegidas en las licitaciones, el destino final de los bienes adquiridos, así como la información relativa a los suministradores de origen de los bienes y servicios objeto de la contratación.
Una vez la región haya ejecutado la auditoría, la publicación en el BOE recoge que será remitida al Parlamento de las Islas Baleares y a la intervención General de la Administración del Estado
Asimismo, el informe habría de dejar constancia individualizada de las causas o motivos que justifican esta tramitación extraordinaria, especificando de manera escrupulosa el supuesto de hecho concreto exigido por la normativa. Una vez la región haya ejecutado la auditoría, la publicación en el BOE recoge que será remitida al Parlamento de las Islas Baleares y a la intervención General de la Administración del Estado.