El Consejo de Gobierno de Baleares ha aprobado finalmente este viernes el decreto del catalán para sus profesionales sanitarios. La norma, que regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares, sale adelante tras el dictamen favorable emitido este miércoles por el Consejo Consultivo de esta comunidad autónoma.
De esta manera, los sanitarios de esta comunidad autónoma tendrán un plazo de dos años para presentar la acreditación del nivel de catalán exigido (B1 de catalán para médicos y enfermeros y A2 para auxiliares de enfermería y celadores) una vez obtengan su plaza. A pesar de ello, desde el Ejecutivo balear han insistido en que “todo el mundo se puede presentar a las OPE” y que si no presentan esta acreditación “jamás perderán su plaza estatutaria fija”.
La consejera de Salud ha insistido en que la aprobación de este decreto ha sido "fruto del consenso" y que va a resultar "muy importante" al permitir la convocatoria de OPEs en sanidad "de manera inmediata"
La consejera de Salud, Patricia Gómez, ha insistido en que la aprobación de este decreto se realiza “fruto del consenso de las partes implicadas”, recordando así que el 65% de la Mesa Sectorial de Sanidad, donde están representados los sindicatos, dio su voto favorable.
En todo caso, ha señalado que la aprobación de este decreto “es muy importante” debido a que con él “se pueden convocar de manera inmediata una OPE para el sector sanitario”, con la que prevén dar “estabilidad y garantía a muchos profesionales”. En este sentido, ha insistido que esperan aprobar la próxima semana las convocatorias de las OPE si se aprueban en la Mesa Sectorial.
Por su parte, la portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, tras ser preguntada por los periodistas ante un posible rechazo del Ejecutivo central a esta norma, ha asegurado que contra ella “no cabe un recurso de inconstitucionalidad directo porque es un decreto, no una ley”.
OBSERVACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
Según han apuntado ambas dirigentes, el decreto incluye las observaciones trasladadas por el Consejo Consultivo de las Islas Baleares, en lo relativo al “carácter transitorio”. Así, tal y como recoge el propio decreto, en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor “se llevará a cabo la evaluación de los efectos sobre la normalización lingüística alcanzada en el ámbito sanitario”.