La consejera de Familias y Asuntos Sociales de las Islas Baleares, Catalina Cirer, ha dado cuenta de algunas de las iniciativas que se enmarcan en el Decreto ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas. En concreto, la norma establece que las personas con un diagnóstico desalud mental grave no tendrán que acreditar un nivel de discapacidad del 33% o superior para acceder a determinados servicios previstos en la Cartera básica de servicios sociales.
En concreto, las personas con un diagnóstico de salud mental grave podrán acceder ya a centros ocupacionales, recibir apoyo socioeducativo comunitario, recibir una prestación de atención en el domicilio compartido y acceder a viviendas supervisadas. Esta medida supondrá una notable agilización en el acceso de estas personas al recurso necesario, ya que no tendrán que esperar a tener una valoración de discapacidad para poder recibir la atención que necesitan, lo que mejorará notablemente su calidad de vida.
"Esta medida implica una mejora notable en la calidad de vida de las personas con un diagnóstico de salud mental grave, ya que su diagnóstico ya será aval suficiente para acceder a estos recursos tan importantes para su desarrollo"
"Esta medida implica una mejora notable en la calidad de vida de las personas con un diagnóstico de salud mental grave, ya que su diagnóstico ya será aval suficiente para acceder a estos recursos tan importantes para su desarrollo", ha desvelado Cirer. Además, esta medida, ha insistido, es "un ejemplo más de que este Gobierno pone a las personas en el centro de su acción, y las personas con diagnóstico de salud mental son una verdadera prioridad". La consejera ha remarcado también la colaboración con las entidades y asociaciones del tercer sector, que "llevaban tiempo reclamando esta medida, que por fin es una realidad", ha dicho Cirer.
Otra de las iniciativas que ha presentado la consejera, que ha comparecido con los directores generales de Asuntos Sociales, Pep Falcó, y de Atención a la Dependencia, Pedro Codes, es la eliminación del requisito de edad para acceder y permanecer en los recursos mencionados primando los criterios terapéuticos y de arraigo, más que los de edad. "Consideramos que sacar a una persona con un determinado diagnóstico en función de su edad y no en función de sus necesidades terapéuticas era una acción claramente edadista y alejada de la realidad de estas personas y sus familias", ha añadido Cirer.
Cuando una persona con un diagnóstico de salud mental grave cumplía los 65 años de edad, podía ser realojada en una residencia de la red pública, sin tener en cuenta sus necesidades terapéuticas
En este sentido, hasta ahora, cuando una persona con un diagnóstico de salud mental grave cumplía los 65 años de edad, podía ser realojada en una residencia de la red pública, sin tener en cuenta sus necesidades terapéuticas y de arraigo, y ahora podrá permanecer en el recurso más adecuado.
HISTORIA SOCIAL ÚNICA
Cirer ha explicado, también, que el Decreto ley supone el inicio de la futura Historia Social Única, un instrumento que integrará la información de la persona usuaria de servicios sociales y su núcleo familiar, si procede , para facilitar la interoperatividad y la comunicación entre las diferentes administraciones y sistemas como educación, vivienda, salud, empleo, etc. "Esta herramienta evitará que las personas beneficiarias de los programas de atención social deban realizar trámites innecesarios y puedan acceder de forma más rápida a los recursos y prestaciones que necesitan", ha asegurado.
Supondrá una inversión inicial de más de 5 millones de euros financiados por la Unión Europea (Next Generation EU) y se espera que sea una realidad antes de diciembre de 2025
La Historia Social Única es el paso previo a la tarjeta social única, que permitirá recoger todos los recursos de los que dispone ya los que tiene derecho una persona, lo que facilitará y agilizará su tramitación. Este proyecto, que ya funciona con éxito en otras comunidades autónomas, supondrá una inversión inicial de más de 5 millones de euros financiados por la Unión Europea (Next Generation EU) y se espera que sea una realidad antes de diciembre de 2025.
PLAZAS DE DIFÍCIL COBERTURA
Finalmente, ha explicado la consejera balear, el Decreto ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas también contempla la creación del complemento retributivo de plazas de difícil cobertura de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía personal para los puestos de trabajo estructurales y coyunturales que desarrollen sus funciones en la isla de Ibiza. El importe de estos complementos será fijado por el Consejo de Gobierno. Esta medida pretende contribuir a garantizar la atención de calidad en las residencias, donde, como es sabido, resulta complicado conseguir y fidelizar a profesionales.