La dependencia es un estado de carácter permanente por el que una persona precisa de la atención, cuidado o ayuda de otra para poder desempeñar sus actividades básicas de la vida diaria, derivada de causas como la edad, la enfermedad o la discapacidad. Para ofrecer una respuesta a estos ciudadanos y sus familiares el Estado recoge el derecho a percibir una prestación para facilitar su necesaria asistencia. De no ser así, estas personas se encontrarían en una situación de vulnerabilidad o tendrían que hacerse cargo ellas mismas de importantes costes económicos -de poder permitírselos-.
A pesar de tratarse de un derecho reconocido por ley, muchos de estos ciudadanos encuentran serias dificultades para recibir las ayudas, que pueden dilatarse durante meses. De hecho, datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales desprenden que en España muere cada 12 minutos una persona dependiente a la espera de la prestación. Desde ConSalud.es hemos querido hablar con el responsable de esta asociación y presidente del Observatorio Estatal Dependencia, José Manuel Ramírez, para analizar la actual radiografía nacional de esta realidad que “todos vamos a sufrir tarde o temprano en carne propia o en alguien cercano que se encuentre en esta situación”.
La aportación de las CC.AA. tiene una tendencia inversa y “se redujo en hasta 98 millones durante el curso pasado”
De esta manera, las actuales deficiencias en la cobertura de las prestaciones a la dependencia en nuestro país se fundamentan principalmente en la falta de inversión suficiente en este ámbito. En términos generales, el año pasado las comunidades autónomas financiaron el 74% de la inversión total, con 7.573 millones de euros. Sin embargo, mientras que el plan de choque el Gobierno de España “viene incrementado en una media de 620 millones de euros cada uno de los tres últimos años sus presupuestos”, la aportación de las CC.AA. tiene una tendencia inversa y “se redujo en hasta 98 millones durante el curso pasado”, remarca Ramírez.
DESIGUALDAD TERRITORIAL
En concreto, la inversión en dependencia para 2022 ascendió a 10.234 millones de euros. Aunque tras este dato se esconde una desigual realidad en las partidas económicas de las diferentes autonomías. En el lado de los territorios donde el presupuesto se redujo de manera más significativa respecto al pasado año, encontramos a Cataluña (57,4 millones de euros menos), Andalucía (51,6) y la Comunidad Valenciana (40,6). “Resulta especialmente alarmante la situación de Murcia y Cataluña, las que peor desarrollo tienen en este sistema atención. No puede ser que 40% de las personas dependientes en listas de espera sean catalanes”, lamenta.
“Dependiendo de dónde vivas dispones de unas prestaciones u otras, así como tiempos de espera para las ayudas diferentes"
En el lado positivo, el informe del Observatorio de la Dependencia destaca positivamente la mayor apuesta en regiones como Castilla y León o Castilla-La Mancha. Igualmente, remarca que lugares como Baleares y Navarra han aumentado el gasto en este servicio en un 17% y 8,8%, respectivamente. Con todo ello, existe una inequidad dentro de España que lleva, en palabras de Ramírez, a que “dependiendo de dónde vivas dispongas de unas prestaciones u otras, así como tiempos de espera para las ayudas diferentes. Algo que es responsabilidad de cada Gobierno autonómico”.
En términos de gasto medio por persona beneficiaria en nuestro país, la media se encuentra “alrededor de los 8.000 euros”, con singulares diferencias también entre CC.AA. En concreto, en el País Vasco la compensación alcanza los 13.390 euros, seguido de Extremadura (11.260 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (11.170 euros). Unas cifras por afectado que menguan en Galicia hasta los 6.953 euros, en Castilla y León a los 6.720 o en Andalucía a 6.550 euros por beneficiario. “En estas últimas las aportaciones resultan insuficientes para prestar unos adecuados servicios que mejoren la calidad de vida de las personas dependientes”.
PERSONAS MAYORES
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales especifica que “el 75% de las personas dependientes son mayores de 65 años, respecto a un 25% de menores de 65 años con una discapacidad”. De la agilidad y cuantía de las ayudas dependerá que estos ciudadanos tengan un mayor sufrimiento al que ya de por sí tienen y una calidad de vida inferior”. Este servicio pasa por cuestiones como acudir a un centro de día donde ser atendido, recibir prestaciones económicas para que un familiar pueda ayudarte en tus actividades básicas, disponer de teleasistencia 24 horas o contar con un asistente personal de compañía.
“Es necesaria visibilizar la realidad, acabar con las listas de espera, mejor la gestión de las ayudas e invertir más en dependencia”
Todo esto pasa por generar un sistema de protección social que “garantice desde lo público” los derechos de la ciudadanía a “ser apoyados, atendidos y cuidados” desde el momento en el que “nos enfrentamos a problemas para realizar las actividades básicas de la vida diaria”. Una circunstancia en la que "todos podemos encontrarnos" y que irá a más en una sociedad de creciente envejecimiento y en el que “la sociedad patriarcal en la que la mujer era la cuidadora” ha quedado atrás. Ante esta radiografía, sintetiza Ramírez, “es necesaria visibilizar la realidad, acabar con las listas de espera, mejor la gestión de las ayudas e invertir más en dependencia”.