La Atención Primaria es la base asistencial del Sistema Nacional de Salud. Un nivel de cuidado a la ciudadanía sobre el que se sustentan los demás escalafones y cuya eficiencia redunda en beneficio de todo el Servicio de Salud. De esta manera, cuando un paciente está aquejado de cualquier dolencia acude inicialmente a este primer nivel asistencial en busca de ser tratado. Esta es una de las razones por las que el paso de la pandemia de Covid-19 afectó sobremanera y tensionó singularmente a la Atención Primaria. Unas secuelas que aún perduran y que las distintas CC.AA. se esmeran por subsanar.
La llegada de nuevas caras a muchas de las consejerías de Sanidad autonómicas ha servido para reverdecer el impulso de diferentes medidas para fortalecer la AP. No en vano, desde los colectivos profesionales llevan tiempo reclamando mejoras relacionadas con la falta de recursos para dar respuesta a la creciente sobrecarga que padecen los centros de salud. Una circunstancia heredada de la escasez de profesionales –especialmente en Medicina de Familia y Comunitaria- y el creciente envejecimiento de la población en nuestro país. Realidades ante las que las que los responsables políticos de las CC.AA. no son ajenos.
La intención de la Consejería es dotar a la AP de un presupuesto propio, así como mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y lograr fidelizarlos a través de contratos de tres años
Un ejemplo de ello ha sido la directora general de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, Eva Suárez, quien recientemente remarcaba la necesidad de desburocratizar este nivel asistencial con el “objetivo es mejorar y agilizar la atención sanitaria que recibe el paciente para que sea diagnosticado en el menor tiempo posible y puedan simplificar actuaciones que, en realidad, no aportan ningún valor añadido”. Igualmente, la intención de la Consejería es dotar a la AP de un presupuesto propio, así como mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y lograr fidelizarlos a través de contratos de tres años tras la residencia e incentivos en zonas de difícil cobertura.
En la misma línea, la Comunidad de Madrid lleva tiempo implementando una serie de mejoras en su primer nivel asistencial. Prueba de ello, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado un presupuesto record en Sanidad, de más de 10.000 millones de euros, con un aumento del 25% en la partida destinada a Atención Primaria. Así, esta pasada semana la región desvelaba que se habían implantado las nuevas agendas para los facultativos de AP en el 60% de los centros de salud madrileños –160 en total- y que se extenderán a la totalidad de 263 centros del Sermas en los próximos meses.
A todas las plantillas se les aplicarán las mejoras retributivas aprobadas para compensar la carga de trabajo, ruralidad o ejercer en especialidades deficitarias
El nuevo modelo impulsado por la Consejería de Sanidad pretende una mejora en las condiciones laborales de los sanitarios, y establece un tope máximo de 34 pacientes por facultativo en Familia y de 24 en Pediatría, con unos tiempos de asistencia de 10 y 15 minutos, respectivamente. Cuando se rebasan estas cifras, se genera la agenda de absorción de la demanda, para que el profesional la asuma en turno contrario al que desempeña habitualmente, con carácter voluntario y una retribución extra de 50 euros por hora. Además, a todas las plantillas se les aplicarán las mejoras retributivas aprobadas para compensar la carga de trabajo, ruralidad o ejercer en especialidades deficitarias.
Otra iniciativa que muestra el compromiso de las CC.AA. por encontrar soluciones efectivas a las necesidades asistenciales de la AP la encontramos en Extremadura, de la mano de la iniciativa “Juntos, construyendo Salud”. Esta estrategia delSESpersigue impulsar una mejora cualitativa en la Atención Primaria de la región mediante la eliminación y sustitución de intervenciones de “escaso valor, no prioritarias, sin evidencias científicas de beneficios o posiblemente perjudiciales”. Pretende fomentar, por tanto, la mayor eficiencia en la atención de los ciudadanos que acuden al primer nivel asistencial.
Un nivel asistencial sobre el que durante los últimos años se ha venido poniendo el foco principal del malestar de los sindicatos médicos
La Junta de Andalucía anunció también este pasado lunes el mayor presupuesto del país para su Consejería de Salud y Consumo para el año 2024. En concreto, el Gobierno autonómico destinará 14.246 millones de euros a este ámbito, unas partidas “nunca antes vistas en la historia de Andalucía” que la convierten en la región con el sistema público "más poderoso y con más inversión" en toda la red pública de España, según se felicitaba el presidente andaluz, Juanma Moreno. Parte importante de ellos se centrará en fortalecer el primer nivel asistencial para “saber gastar mejor y ser más eficientes en la gestión”, de manera que se pueda “estirar el euro público para llegar lo más lejos posible”, remarcaba.
Se trata de algunos de los últimos ejemplos del esfuerzo de los responsables sanitarios de las CC.AA. por agilizar la atención al paciente y dotar de mejores condiciones laborales a los profesionales de la Atención Primaria. Un nivel asistencial sobre el que durante los últimos años se ha venido poniendo el foco principal del malestar de los sindicatos médicos, y cuyas manifestaciones y huelgas recorrieron a finales del pasado año y comienzos de este 2023 la práctica totalidad de la geografía nacional. Para evitar que esto se repita, las Consejerías de Sanidad tienen un importante reto por delante en el que esperan contar en Gobierno central para abordar una estrategia nacional de RR.HH.