La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, y la comunidad autónoma del Principado de Asturias han firmado un convenio en materia de asistencia sanitaria a personas privadas de libertad en centros penitenciarios. Entre sus ventajas, la iniciativa permitirá mejorar la atención médica a los reclusos asturianos, facilitando el acceso telemático a la información de sus historias clínicas en el Sespa por parte de los profesionales sanitarios que ejercen en prisión. Asimismo, quedarán registrados en la misma los pormenores asistenciales durante todo el periodo de reclusión.
En la actualidad hay tres CC.AA. donde la información de este historial clínico ha venido estando al alcance de los facultativos penitenciarios: Navarra, País Vasco y Cataluña. El mismo trío de regiones que ostentan la autonomía en sus competencias de Sanidad. En ellas, la historia clínica electrónica de sus servicios de salud sí está plenamente disponible para la consulta de los médicos que asisten en prisiones. Por otro lado, encontramos regiones como Aragón, Cantabria o Galicia -ahora Asturias- donde ya se aplica este convenio con el Ministerio de Interior para el acceso compartido a los historiales clínicos de los reclusos.
El facultativo lamenta que esto “sea una novedad después de años en los que este ámbito sanitario debería estar integrado ya dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)”
En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP),José Joaquín Antón Basanta, remarca a ConSalud.es que este nuevo paso en Asturias es “una buena noticia” que nos acerca a cumplir con un objetivo que debería lograrse en todas las CC.AA.: la gestión de la sanidad penitenciaria desde cada servicio de salud propio. Del mismo modo, el facultativo lamenta que esto “sea una novedad después de años en los que este ámbito sanitario debería estar integrado ya dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.
Por el momento, en la mayoría de territorios las prisiones disponen de su propia historia clínica, que únicamente responde al periodo en el que el paciente ha estado recluido, y que no pueden cotejar con la información previa del SNS. Por ello, el presidente de SESP explica que en estos territorios queda a suerte de los propios facultativos informarse, de la mano del propio recluso o de sus familiares, sobre su historial médico previo. “Cuando el paciente salga en libertad, si el médico dispone de tiempo y posibilidades” tiene en su mano hacer nuevamente un informe sobre el recluso, “relatando su evolución en prisión y los tratamientos que ha seguido”.
“Es esencial para la buena atención a estos pacientes no tener que empezar de cero, especialmente en enfermedades crónicas y en personas con tratamientos previos de salud mental”
De esta manera, el actual modelo existente en la mayor parte de CC.AA. no resulta “práctico ni conveniente” para el buen seguimiento de la salud de estas personas, lo que lleva al Dr. Basanta a afirmar que “los presos no disponen de la misma calidad asistencial que se tiene en la calle”. No en vano, el conocimiento del historial clínico previo de una persona puede resultar clave para su salud futura, alargar su vida e incluso salvarla. “Es esencial para la buena atención a estos pacientes no tener que empezar de cero, especialmente en enfermedades crónicas y en personas con tratamientos previos de salud mental”.
“Siempre que haya dos historias clínicas va a ser un proceso complejo. Más aún, porque es complicado ya de por sí muchas veces entre los diferentes servicios sanitarios de las comunidades autónomas poder acceden bien a los datos de los pacientes”, asegura el facultativo de prisiones.
“Sería una oportunidad de mejorar tanto la salud individual como la salud pública”
Pese a los contados avances en la sanidad penitenciaria para el acceso a la información clínica, la unificación de la misma se antoja todavía compleja. La razón, a juicio del presidente de SESP, radica en un continuo desentendimiento entre el Gobiernocentral y las autonomías. “Las CC.AA. alegan que el Gobierno no les paga o pone trabas, y los gobernantes nacionales que las regiones no quieren esas competencias. La realidad es que, mande quien mande, los avances son escasos desde hace veinte años”, señala.
Por todo ello, desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria se felicitan por pequeños avances como el logrado recientemente en Asturias. Asimismo,invitan a todas las administraciones implicadas a poner las medidas necesarias para que el acceso a la historia clínica electrónica de los diferentes servicios de salud esté disponible para sus profesionales sanitarios en todas las cárceles españolas. “Sería una oportunidad de mejorar tanto la salud individual como la salud pública”, concluye el presidente de SESP.
UNA DEUDA DESDE 2003
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, promulgada en 2003, recoge que la sanidad penitenciaria debe ser provista por los distintos servicios de salud de cada comunidad autónoma. Hasta la fecha, únicamente Cataluña, Navarra y País Vasco han sido las regiones donde estas competencias han sido plenamente asumidas. El resto de los territorios continúan pendientes de tomar las riendas en este ámbito, siendo, entretanto, administrado por el Ministerio del Interior por medio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.