La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha anunciado la adjudicación del contrato para la redacción del borrador de la futura ley asturiana que prohibirá la venta y consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años. La medida busca frenar el consumo generalizado de estos productos entre los jóvenes. “El consumo generalizado entre los menores es una preocupación considerable en términos de salud. Estas bebidas tienen efectos nocivos demostrados científicamente”, ha explicado González Prieto, subrayando la urgencia de esta iniciativa.
El contrato, valorado en 12.100 euros, ha sido adjudicado a un experto en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien cuenta con una trayectoria en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como con otras instituciones autonómicas y estatales. Según las previsiones, el borrador estará listo a principios de verano, marcando un hito en la legislación sanitaria regional. “Es un paso importante que Asturias sea pionera en materia sanitaria respecto al cuidado de nuestros jóvenes”, ha añadido la Viceconsejera.
“Es un paso importante que Asturias sea pionera en materia sanitaria respecto al cuidado de nuestros jóvenes”
Ya en el mes de septiembre de 2024, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, había adelantado la intención de regular el consumo de estas bebidas entre los menores de 16 años. Desde entonces, el Gobierno del Principado ha trabajado de manera coordinada con áreas como Comercio, Deportes, Juventud, Educación y Salud Pública para dar forma a esta normativa. Faustino Zapico, director general de Consumo, ha destacado que las reuniones con profesorado, familias y organizaciones juveniles han sido clave para desarrollar una ley que responda a las necesidades reales de la comunidad.
REFORMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
En paralelo, el Principado ha iniciado los trabajos para modernizar la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, vigente desde 2002. Como ha afirmado Zapico, esta medida “está obsoleta”, señalando que los cambios en los hábitos de consumo y las recientes modificaciones legales a nivel nacional hacen imprescindible una revisión integral.
Zapico ha destacado que la última actualización del Real Decreto Legislativo 1/2007, en 2023, introduce cambios significativos en áreas como comercio electrónico, garantías, atención al cliente y consumidores vulnerables, los cuales deben reflejarse en la normativa autonómica.
"Debemos reforzar el control y la regulación en materia de procedimiento sancionador, infracciones y sanciones"
“Los avances en la defensa de los consumidores y usuarios en materia de comercio electrónico, garantías, comercialización a distancia, atención al cliente, consumidores vulnerables, bienes y servicios defectuosos, entre otras cuestiones, deben reflejarse en la normativa autonómica. También debemos reforzar el control y la regulación en materia de procedimiento sancionador, infracciones y sanciones”, ha afirmado.
Para Zapico, “los hábitos de consumo de la población han cambiado considerablemente en estos más de 20 años, y también es necesario recordar que el régimen sancionador de la normativa estatal es más restrictivo”. Por ejemplo, ha citado que las infracciones leves de la norma asturiana ascienden actualmente a 3.600 euros, mientras que en la estatal llegan a 10.000 euros. En cuanto a las infracciones graves, alcanzan los 18.000 euros frente a los 100.000 euros máximos de la normativa nacional.