Asturias constituye el Foro de Salud Mental para consensuar un pacto social

La consejera de salud de Asturias, Concepción Saavedra, espera llegar a un pacto social en salud mental a mediados de 2025 para después desarrollar una ley autonómica en este ámbito.

La consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra (Foto. AsturSalud)
La consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra (Foto. AsturSalud)
18 diciembre 2024 | 17:55 h

La consejera asturiana de Salud, Concepción Saavedra, ha presidido este miércoles la constitución del Foro de la Salud Mental, un nuevo órgano asesor y de apoyo en el que el Principado abordará, junto con las instituciones y la sociedad, la mejora de la atención integral a la ciudadanía desde un enfoque comunitario.

"La mejora de la salud mental no puede venir solo de la asistencia sanitaria, por eso queremos ir más allá de la red de salud mental y trabajar, codo con codo, con asociaciones, entidades, sociedades científicas y el tercer sector, porque sus opiniones y aportaciones serán importantes a través de este instrumento asesor", ha señalado Saavedra.

La consejería prevé cerrar el pacto a mediados del próximo año, lo que permitirá tener lista la ley en el último trimestre de 2025 y aprobarla en 2026

El nuevo órgano reúne a representantes de una treintena de entidades, entre ellas, colectivos de personas con discapacidad psicosocial, familias del ámbito de la salud mental, organizaciones del tercer sector, sociedades científicas y de profesionales con amplia implantación en Asturias vinculadas con esta materia y con la medicina de familia y comunitaria y también colegios profesionales.

El foro, adscrito a la Consejería de Salud, sentará las bases para consensuar un pacto social en el que se sustentará la futura ley autonómica. Con este fin, se ha diseñado ya un calendario de reuniones para las próximas semanas, tanto de forma bilateral como colectiva, para avanzar en este objetivo. La consejería prevé cerrar el pacto a mediados del próximo año, lo que permitirá tener lista la ley en el último trimestre de 2025 y aprobarla en 2026.

El órgano está concebido como espacio de debate para abordar los principales retos, las nuevas demandas, la calidad de la atención, el análisis de las políticas desarrolladas hasta ahora y la lucha contra el estigma social, entre otros aspectos.

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