Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón (FASAMET y CESMAragón) se han manifestado en contra de las agresiones a sanitarios, concretamente sobre el nuevo caso que se ha producido en la comunidad. Una persona sin identificar colgó en dos consultas del centro de salud de San José Centro y Norte, carteles con las frases “Maltrato médico” y “Los pacientes merecemos mejor atención”.
Los sindicatos subrayan que estos mensajes suponen “una agresión escrita que debe ser perseguida igual que cualquier otro tipo de agresión”. Los profesionales recalcan que la violencia, verbal o física, contra el personal sanitario es una lacra constante y que no deja de crecer año tras año.
Según los datos del propio departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en 2023 se produjeron 722 casos, que suponen dos cada día, de ellos 256 fueron agresiones físicas, un 35%, y hasta 20 víctimas tuvieron que pedir una incapacidad laboral.
“Una agresión escrita debe ser perseguida igual que cualquier otro tipo de agresión”
En lo que respecta a la evolución, en 2020 se registraron 236 agresiones, que crecieron hasta 335 en 2021 y 484 en 2022. Los 722 sucesos de 2023, supusieron así un aumento récord del 50%, que en 2024 puede volver a verse superado. Los profesionales recuerdan que ya en marzo de 2019 se plantearon cinco actuaciones urgentes, que se han reiterado en distintas ocasiones, pero no se han llegado a desarrollar.
Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria han subrayado que las agresiones sanitarias suponen una dificultad añadida a las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo, con plantillas insuficientes y agendas saturadas, y que no permitir ningún caso semejante es una condición para mejorar la calidad de la atención sanitaria.
Por todo ello, piden cinco actuaciones que consideran urgentes para mejorar la actuación. Concretamente, piden dotar con un vigilante de seguridad cada centro de salud, durante el horario de apertura al público, tanto en el ámbito urbano como en el rural y en el periodo de guardias en los centros rurales.
En 2020 se registraron 236 agresiones, que crecieron hasta 335 en 2021 y 484 en 2022
También piden instalar cámaras de seguridad en las zonas comunes de los centros de salud. En los aislados o ubicados en zonas conflictivas, las cámaras se instalarán también en el exterior del edificio, controlando el perímetro y accesos (puerta principal y accesorias, entrada al garaje).
Asimismo, se solicita instalar un “botón del pánico” inalámbrico en las mesas de trabajo de todas las dependencias con acceso de usuarios de los centros de salud, que sería similar al de teleasistencia para las salidas exteriores en los centros de salud rurales.
Finalmente, se pide una “pulsera de geolocalización” (localizador GPS y comunicaciones GSM/4G, con botón de pánico y llamadas de emergencia) a los profesionales sanitarios cuando se desplazan fuera del centro de salud para ejercer sus funciones asistenciales (desplazamientos a otros núcleos, asistencia domiciliaria, etc.); y que el departamento de Sanidad eleve al Gobierno de Aragón un proyecto de decreto-ley en el que setipifique como infracción administrativa grave las agresiones verbales y como infracción administrativa muy grave las agresiones físicas o psicológicas.