El Gobierno de Aragón deberá abonar una indemnización de 190.000 euros tras el fallecimiento de un paciente de 58 años que sufrió un ictus tras “falta de asistencia médica”. El caso, llevado por el abogado D. Ricardo Agoiz de la Asociación 'El Defensor del Paciente', ha generado dudas sobre los protocolos de atención y sobre una posible negligencia médica.
Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2023, cuando el paciente acudió al Centro de Salud de Calatayud con una tensión arterial de 210/110. Al día siguiente, regresó al centro de salud presentando inestabilidad en la marcha, disartria, diplopía y tensión elevada. Ante estos síntomas, el médico activó el "código ictus" y solicitó una ambulancia para su traslado al Hospital Ernest Lluch de Calatayud.
En el hospital, se le realizó un TAC que reveló un aneurisma cerebral y trombo. A pesar de la gravedad del diagnóstico, se informó al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde se indicó que el paciente permaneciera en observación.
Cuando el paciente ingresó en la Unidad de Ictus del Hospital Miguel Servet de Zaragoza se informó a la familia que su estado era muy grave
Durante la madrugada del 11 de diciembre, el paciente empeoró gravemente “no pudiendo ya expresarse ni comunicarse”, revela El Defensor del Paciente. Su esposa, alarmada, llamó a la enfermera, quien avisó al médico de urgencias. Este último, tras evaluar al paciente, consideró su estado "no urgente" y "falto de sintomatología", según el testimonio de la familia y se programó un nuevo TAC para la mañana siguiente.
Por la mañana, se repitió el TAC, y la neuróloga del hospital solicitó el traslado urgente del paciente al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. El paciente ingresa en la Unidad de Ictus de centro zaragozano sobre las 11:00 horas de la mañana, cuando se informó a la familia que había sufrido un ictus en la madrugada del día 11 de diciembre y que su estado era muy grave, con el posterior ingreso en el servicio de la UCI.
El paciente no logró superar el ictus y falleció el día 3 de febrero de 2024, dejando a su familia con la duda de si el desenlace podría haber sido otro, de haberse procedido correctamente con el procedimiento establecido para el “código ictus”.
Ante estos hechos, la familia acudió al despacho del abogado D. Ricargo Agoiz de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, quien interpuso una reclamación de responsabilidad sanitaria ante el Gobierno de Aragón. Una vez realizada la tramitación de esta reclamación, se ha llegado a un acuerdo con la aseguradora del Gobierno de Aragón por el que la familia del fallecido ha sido indemnizada con 190.000 euros.