El Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Sanidad, y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han llegado a un acuerdo para la formación de los residentes (MIR y EIR) de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo. Así lo pone de manifiesto el convenio entre ambas entidades publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE) en cumplimiento de la resolución del 26 de junio de 2018.
Según el texto oficial, el objetivo del nuevo convenio es “realizar las actividades de formación e investigación necesarias en el desarrollo e impartición de la formación teórica incluida en el programa oficial de las especialidades de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo”. En este sentido, el acuerdo no contempla modificaciones ni del programa MIR ni EIR de las mencionadas especialidades, respetando así las directrices previstas en el Real Decreto 183/2008, normativa que regula la formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud.
Por su parte, el ISCIII se ha comprometido a reservar las plazas MIR y EIR para que los residentes de Medicina de Trabajo de Aragón puedan completar su primera etapa de formación y para que los de Enfermería del Trabajo realizar los cursos y talleres que requiera su formación. Además, la entienda asegura que “velará por la calidad científica de las actividades de investigación” y por “la disponibilidad de los profesionales de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo”.
El acuerdo no contempla modificaciones ni del programa MIR ni EIR de las especialidades de Medicina y Enfermería del Trabajo
En este contexto, el organismo recientemente presidido por Raquel Yotti Álvarez, recuerda que desde 2005 ha colaborado con distintas CC.AA. para la formación de especialistas y que, fruto de esa colaboración, se ha mejorado la docencia de los residentes con un óptimo aprovechamiento de los recursos sanitarios.
Desde el Gobierno de Aragón afirman que a los MIR y los EIR de las especialidades de Trabajo se les facilitarán los recursos necesarios para su formación además de cumplir los programas oficiales “facilitando la labor de todas las figuras docentes, y llevando a cabo las evaluaciones de los residentes y de las estructuras formativas”.
Según el texto publicado en el BOE, la ejecución del convenio no supondrá un aumento del gasto público para ninguna de las partes, ni dará lugar a derechos u obligaciones de contenido económico para las mismas.