El Ministerio de Sanidad viene reclamando al Gobierno de Aragón el pago pendiente de 26,2 millonesde euros en base a la atención a pacientes aragoneses en los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas. Sin embargo, el Ejecutivo de Azcón valora únicamente abonar la parte que no ha prescrito de estos balances negativos en el Fondo de Cohesión Sanitaria, correspondiente a las anualidades desprendidas desde 2020. En concreto, la cifra que el Departamento de Sanidad aceptaría asumir asciende a los 5 millones de euros.
Desde la Consejería fundamentan su planteamiento en que "no se pueden reclamar unas cantidades que tendrían que haber liquidado anualmente, ni hacerlo cuando no se tiene la seguridad de que se sustentan en una atención sanitaria real", por lo que consideran necesario “actuar con rigor". En esta línea, la Dirección General de la Función Pública ha mostrado su convicción de "llegar hasta donde sea necesario, incluida la vía judicial, para defender los intereses de los aragoneses".
La deuda solicitada por el Ejecutivo central contempla la prestación de asistencia a pacientes aragoneses en otras CC.AA. desde 2013 a 2023
De este modo, Aragón cuenta con una ley de Hacienda que limita a un periodo de cuatro años el derecho a reconocer toda aquella liquidación que no se haya solicitado en ese plazo. Este tramo de tiempo se encuentra marcado por el momento exacto en el que se concluyó el servicio prestado, y no así el momento en el que se hace llegar el procedimiento de reclamo. En este caso, la deuda solicitada por el Ejecutivo central contempla la prestación de asistencia a pacientes aragoneses en otras CC.AA. desde 2013 a 2023 (10 años), incumpliendo así el precepto de la reclamación anual de la deuda.
FONDO DE COHESIÓN SANITARIA
En paralelo al traspaso de las competencias sanitarias a todas las CC.AA., en 2006 se creó el Fondo de Cohesión Sanitaria con el fin de compensar los desequilibrios económicos en la atención a ciudadanos procedentes de otras regiones. Hasta el año 2012 este pago se asumía a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, pero, desde entonces, se externalizó el pago a cada administración autonómica, a la que periódicamente se notifica cuánto dinero adeuda o de cuánto es beneficiario en base a su atención a pacientes 'ajenos' a su territorio.
"Debería aplicarse la receta a sí mismo y abonar las deudas pendientes que tiene con las comunidades, como la sanidad penitenciaria, que se eleva a 9 millones"
Por todo ello, la Consejería de Sanidad de José Luis Bancalero se muestra firme en que "no se puede exigir ahora lo acumulado en diez años mediante una decisión unilateral del Gobierno central, sin diálogo previo con las comunidades". De ser así, añaden, supondría “un perjuicio para sus cuentas, sin posibilidad de planificación". Por otra parte, para concluir, instan al Gobierno central a actuar con coherencia: "Debería aplicarse la receta a sí mismo y abonar las deudas pendientes que tiene con las comunidades, como la sanidad penitenciaria, que se eleva a 9 millones".