El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha propuesto una nueva medida con la que espera reducir el gasto farmacéutico, tras el incremento generado por la retirada del modelo de subasta de medicamentos. Una medida que, además, ha suscitado muchas opiniones encontradas en el sector sanitario y farmacéutico de la Comunidad Autónoma.
Concretamente, se trata de una nueva normativa, que haría a las oficinas de farmacia entregar a la administración el 5% de lo que recaudasen por las ventas de fármacos genéricos. La otra vertiente de la medida obligaría también a las empresas o fabricantes de genéricos a entregar a la administración el 10% de su facturación por la venta de este tipo de medicamentos. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacia (CACOF), presidido por Antonio Mingorance, es uno de los impulsores de esta medida junto al SAS, y ha decidido, de momento, dar marcha atrás en este plan de genéricos por no conseguir la unanimidad entre los propios farmacéuticos, como así ocurrió con el rechazo final de los colegiados sevillanos tras una votación.
Con esta medida, desde la Junta de Andalucía se esperaba alcanzar una recaudación entorno a los 30 millones de euros, pero ¿qué supone esta cantidad en el total del presupuesto sanitario andaluz para el presente año?
La recaudación estimada con esta medida supondría un 0,2% del presupuesto total. Si lo comparamos con el presupuesto destinado al gasto farmacéutico de 2024, el incremento de la recaudación en esta partida también sería ínfimo
Si tenemos en cuenta que el presupuesto de 2024 en la Sanidad de Andalucía es el mayor de su historia, con una cuantía total de 14.077.200.468 millones de euros, la recaudación estimada con esta medida supondría el 0,2% del presupuesto total. Si lo comparamos con el presupuesto destinado al gasto farmacéutico de 2024, que es de unos 2.500 millones de euros, el incremento de la recaudación en esta partida también sería ínfimo, llegando apenas al 1,2%, entonces ¿por qué tanto interés por implantar esta medida?
Según sus promotores, entre las razones que llevaron a todos los miembros del Comité Ejecutivo a apoyar el acuerdo, según explican, está el objetivo de mantener alta la Prescripción por Principio Activo (PPA) en Andalucía, "ya que, además de ser uno de los grandes retos de la Administración Sanitaria andaluza, beneficia a los pacientes y también a las farmacias, las cuales mantienen su capacidad de elección, permitiéndoles una gestión razonable del stock, que amortiguaría el posible impacto de ese 5% -incluidas las farmacias más pequeñas". También la posibilidad de que supusiera una oportunidad para profundizar en un marco de estabilidad y sostenibilidad, pero la realidad parece otra muy diferente.
¿A QUIÉN BENEFICIARÍA ESTA MEDIDA?
Parece claro que al paciente, que es el centro del sistema sanitario, no beneficia (ni perjudica) en nada ya que seguiría teniendo la misma prestación farmacéutica.
A priori, a la farmacia le perjudica, especialmente a las más pequeñas que son muy dependientes de la facturación de medicamentos genéricos, ya que tienen que devolver el 5% de esta facturación. A un número importante de fabricantes de genéricos tampoco, ya que deben devolver también el 10% de su facturación al SAS, y ya hemos visto, que para las arcas de la Junta de Andalucía, aunque incrementaría la recaudación, esta es insignificante para los presupuestos generales que maneja en sanidad para este año.
Sólo quedaría un actor que saldría claramente beneficiado de esta medida, que es el mayorista principal de Andalucía, que no es otro que Bidafarma
Parece que sólo queda un actor que saldría claramente beneficiado de esta medida, que es el mayorista principal de Andalucía, que no es otro que Bidafarma, liderada también por Antonio Mingorance.
La explicación es bien sencilla. La prescripción de medicamentos en esta Comunidad Autónoma es prácticamente en su totalidad por principio activo, por lo que la mayoría de los medicamentos dispensados en la farmacia son genéricos, pero hay un 30% aproximadamente de pacientes que quieren la marca comercial, y al ser el precio el mismo que el genérico, el farmacéutico no puede negarse a dárselo. Por tanto, el objetivo de este proyecto no es mantener la prescripción por principio activo, que es obligatorio para los médicos, el objetivo es reducir al máximo la dispensación de medicamentos de marca y sustituirlo por el genérico.
Si Bidafarma incrementa el volumen de venta de medicamentos genéricos a las oficinas de farmacia, podría mejorar las condiciones que les ofrece al farmacéutico (por ello dice que esta medida podría amortiguar el posible impacto de ese 5% que tiene que devolver al SAS) y, a su vez, podría negociar con los fabricantes de genéricos unas condiciones comerciales más agresivas y beneficiosas para el mayorista, para garantizar que sus medicamentos estén en la lista de compra de Bidafarma.
Con todo ello, es necesario recordar que esta medida también cuenta con reticencias por parte de la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia, que señala que la propuesta podría provocar una discriminación para los pacientes y para los farmacéuticos de la región. Incluso, podría suponer algunas vulneraciones legislativas. Concretamente, la CEOF citaba a la Ley de Defensa de la Competencia, y la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Por su parte, desde Farmaindustria, la patronal de medicamentos innovadores, señalaban a este medio que, ante la falta de detalles, no podían valorarla, pero entendían que se debe preservar la libre competencia.
En el otro lado, los fabricantes de medicamentos genéricos tampoco aprueban por unanimidad esta propuesta y están bastante divididos. Aproximadamente el 50% de esta empresas están a favor de devolver el 10% de la facturación al SAS, que son precisamente las empresas que mayor producción tienen de especialidades farmacéuticas genéricas, que al tener una producción muy elevala sus costes por unidad fabricada se reducen considerablemente y tienen mayor margen de negociación con Bidafarma que las empresas de menor producción.
Por otro lado, según ha podido saber ConSalud.es, la intención de la Junta de Andalucía podría ser que no se reembolsara a las oficinas de farmacia las ventas de fármacos de marca en el caso de que se trate de una receta por principio activo. De confirmarse esta medida, que hasta día de hoy ni se ha ratificado ni se ha desmentido, se podría estar vulnerando la normativa vigente
En definitiva, la propuesta hasta ahora está encontrando enormes barreras por parte del sector, que duda del beneficio real, tal y como demuestran los datos, y que pone en peligro a la pequeña farmacia, con un principal beneficiario, que sería el mayor mayorista en Andalucía, Bidafarma. Mientras tanto, se desconoce si la Junta de Andalucía irá adelante con ella u optará por otras iniciativas para reducir el gasto.