El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con apoyo de los grupos Popular y Ciudadanos y parcial del Socialista, una proposición no de ley del Grupo Adelante Andalucía por la que "el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, en cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, proceda a emprender las negociaciones oportunas para que la sanidad penitenciaria sea transferida al Servicio Andaluz de Salud a la mayor brevedad posible.
De este modo, se da un nuevo paso hacia una transferencia “imparable y necesaria”, según señalaba el propio consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, el pasado mes de marzo en una entrevista para Europa Press. No obstante, esta no es la primera vez que este tema protagoniza una de las sesiones del Parlamento de Andalucía. En abril, la diputada de Adelante Andalucía, María Isabel Mora Grande, preguntaba al titular de Sanidad andaluz sobre las reuniones llevadas a cabo para dicho cometido. “Es una cuestión de voluntad política. El País Vasco y Cataluña ya tienen transferidas las competencias”, apuntaba la diputada.
Por su parte, Aguirre, que reconocía la importancia de esta transferencia, instaba a la actual ministra en funciones de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a que liderase el proceso. “Debe hacerse de forma simultánea con las CC.AA. que están pendientes”, señalaba.
La diputada Mora Grande: “Es una cuestión de voluntad política. El País Vasco y Cataluña ya tienen transferidas las competencias”
La situación de la sanidad penitenciara en nuestro país está viviendo un momento muy complicado. La Plataforma de Sanidad Penitenciaria ha alertado de la escasez actual de médicos en las prisiones españolas, problemática que, como advierten, va en aumento debido a “la salida masiva de estos profesionales bien por jubilación o bien por las condiciones laborales a las que se ven expuestos”
Según los datos de esta organización, en la actualidad trabajan 296 médicos en las cárceles españolas, de los cuales 97 tienen más de 60 años, 165 están entre los 50 y 60 años, 24 entre los 40 y 50 años y solo 10 tienen menos de 40 años. Todos ellos deben asistir a unos 50.000 internos de los centros penitenciarios del país. En un comunicado de prensa, la entidad denunciaba el pasado mes de abril que se producirá una salida masiva de médicos que trabajan en las prisiones españolas “por su jubilación anticipada y por la insoportable sobrecarga que ya soportan los que siguen trabajando en este ámbito y que va en contra de los principios más básicos de la salud laboral”.
La Plataforma de Sanidad Penitenciaria ha alertado de la escasez actual de médicos en las prisiones españolas, debido a “la salida masiva de estos profesionales bien por jubilación o bien por las condiciones laborales a las que se ven expuestos”
Además, los sindicatos denuncian que la realidad laboral de estos profesionales es que después de 30 años de servicio en Prisiones no existe ningún reconocimiento laboral ni salarial, ningún mecanismo de incentivación ni de motivación que valore la experiencia en el medio penitenciario. “No podemos olvidar que las funciones del personal sanitario de las prisiones exceden de las comúnmente realizadas en cualquier centro de atención primaria, abarcando urgencias, salud pública (especialmente el área de programas) y, en centros de atención a drogodependientes, unidades de conductas adictivas, etc., que incluyen programas de deshabituación o de prevención de suicidios, entre otros”, apuntan desde CCOO.
Para CCOO, la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas solucionaría gran parte de los problemas. La integración en el área de atención primaria de los respectivos entes autonómicos del Sistema Nacional de Salud, no sólo es una obligación legal desde el 2003, sino también una necesidad ética, en cuanto a que la condena no puede suponer una atención sanitaria diferenciada.