El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunció a su llegada a la administración andaluza que iniciarían una auditoría del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para tratar de descubrir si durante los años anteriores había contratados “trabajadores fantasma”. Posteriormente, aseguró que habían encontrado “muchos, más de los que yo esperaba”.
Pasado el tiempo, es posible concretar dónde estaban ubicados estos empleados. Según publica ABC de Sevilla, han condenado más de cien veces al SAS por contar con empleados fantasmas de otras fundaciones y empresas contratadas, entre ellas la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. La cesión de estos trabajadores habría sido declarada ilegal tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Fundación Progreso y Salud habría contratado como asesores a personas que una vez firmaban el contrato desaparecían de la sede de este organismo y pasaban a realizar sus tareas en instalaciones del SAS
Así, durante la época en la que María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, fue consejera de Salud de la Junta de Andalucía, la Fundación Progreso y Salud habría contratado como asesores técnicos a diferentes personas que una vez firmaban el contrato desaparecían de la sede de este organismo y pasaban a realizar sus tareas en instalaciones del SAS.
Esta práctica ha sido condenada por la justicia, considerándola ilegal. Como ejemplo, más de 40 trabajadores firmaron un contrato con esta fundación y posteriormente servían de asesores dentro del programa de ‘Apoyo técnico a la Dirección General de Salud Pública y Participación para el Plan Integral de Tabaquismo’. Asimismo, otros 50 eran técnicos informáticos que trabajaban en centros sanitarios públicos pero ue estaban contratados por otras empresas.
EL CASO DE BERNAT SORIA
Esta condición de “empleado fantasma” podría haber afectado también a Bernat Soria, exministro de Sanidad ya que habría cobrado más de 1,2 millones de euros como directivo de la Fundación Progreso y Salud. Sin embargo, un informe jurídico revelaba que recibía actualmente un sueldo anual de 150.000 euros de dicho organismo público al mismo tiempo que participaba en empresas privadas.
Después de que la asesoría privada PwC Tax & Legal calificara que se había diseñado “una estructura para sortear los impedimento legales de incompatibilidad”, indicando además que la “profusa actividad privada” de Soria con su “trabajo a tiempo completo en la fundación” era algo “difícilmente conciliable”, la mencionada Fundación decidió cesar a Soria.
Cuestionada por este caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicaba que “no conozco ni tengo conocimiento de que se haya producido ninguna situación de incompatibilidad con ninguna otra tarea”. Asimismo, subrayaba que “si la inspección de servicios o alguien que tenga autoridad para poder trasladarlo considera que hay alguna incompatibilidad con alguna otra actividad, tendrá que requerírsela a Bernat Soria”.