La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha destacado el reciente posicionamiento de la Comisión Europea sobre el modelo de selección pública de medicamentos de Andalucía, la conocida como ‘subasta’. En su comparecencia de este jueves en el Parlamento andaluz, Álvarez cree que esto supone “un nuevo respaldo” a este modelo que habría supuesto “un ahorro de 540 millones de euros para el sistema sanitario público”.
Durante su intervención, la consejera andaluza ha recordado que fue la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran) quien había remitido la petición de intervención a la Comisión Europea. En este sentido, ha recalcado que la posición de Europa es que “son los Estados miembros los responsables de la definición de su política sanitaria y de la organización y prestación de los servicios sanitarios”.
La consejera andaluza de Salud ha instado al Gobierno central a que implante esta medida a nivel nacional, ya que podría generar más de 1.000 millones de euros al año
Asimismo, Marina Álvarez ha insistido en que la Comisión Europea ha mostrado “sorpresa” al ver que un país europeo se cuestiona la calidad de los medicamentos, cuando la evaluación y la calidad de los mismos se certifican por organismos oficiales. Desde la Consejería de Salud apuntan, en este sentido, que en España es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, la responsable de ello.
REPROCHE AL PP
La máxima responsable de la sanidad andaluza ha sido especialmente crítica con el Partido Popular. En una respuesta parlamentaria a diputados del PP, Álvarez ha lamentado que cuestionen esta medida, después haber obtenido “el respaldo del Tribunal Constitucional, la Organización Médica Colegial, la Asociación Acceso Justo al Medicamento y sociedades científicas”.
Finalmente, la consejera de Salud de Andalucía ha instado al Gobierno central a que implante esta medida a nivel nacional, ya que esta podría generar más de 1.000 millones de euros al año. Álvarez lo reclamado, al tiempo que ha denunciado que en vez de eso, el Ejecutivo haya optado por “penalizar a los colectivos más vulnerables con la imposición de un copago farmacéutico, que está haciendo que muchos pacientes abandonen sus tratamientos por no poder costeárselos”.