El mismo día que Susana Díaz, como presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, va a prorrogar los presupuestos autonómicos del 2018, se va a oficializar el pacto entre PP y Ciudadanos para gobernar los próximos 4 años en esta región. A pesar de que aún se desconocen quiénes integrarán el Ejecutivo, ya se han definido las medidas que se emprenderán en los primeros 100 días y también las prioridades para el resto de la legislatura. Estas son las que están relacionadas con la sanidad.
En el documento firmado entre ambas formaciones, y al que ha tenido acceso ConSalud.es, se incluyen ocho puntos dedicados exclusivamente al ámbito sanitario. El primero de ellos, el más amplio, recoge la reducción “efectiva” de las listas de espera y el fin de los colapsos en Urgencias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Para ello, pondrán en marcha un “Plan de Choque” con más acciones.
El próximo Gobierno andaluz prevé un aumento presupuestario para Atención Primaria y la habilitación "gradual" de la libre elección de especialista
Por ejemplo, la “mejora de la transparencia” a través de la publicación de los resultados “para impedir cualquier manipulación de los plazos de espera en intervenciones quirúrgicas, especialidades y pruebas de diagnóstico”. Por otra parte, apuestan por la “despolitización” del SAS limitando la “libre designación en el nombramiento de responsables y mandos intermedios” y apostando por la elección “por concurso de méritos”.
También dentro de este plan se incorporan actuaciones de mejora para los profesionales sanitarios. Entre ellos, el incremento presupuestario de la Atención Primaria “para alcanzar los niveles previos a la crisis económica”, el desarrollo del ‘Plan 10 minutos’ de tiempo mínimo de atención de los facultativos a los pacientes y la habilitación “gradual” de la libre elección de especialista.
FIN A LA SUBASTA DE MEDICAMENTOS
Otro de los puntos sanitarios del pacto, ya adelantado por ambas formaciones durante la campaña electoral, es la reversión de la subasta de medicamentos. Cabe recordar que este sistema tan sólo está implantado en Andalucía. Así, las opciones de que esta comunidad se adhiera a la compra centralizada aumentarán con el nuevo Gobierno. Por otra parte, PP y Ciudadanos intentarán firmar “convenios de colaboración” con otras comunidades autónomas “para que la tarjeta sanitaria andaluza pueda ser utilizada en todo el territorio nacional”.
El pacto entre PP y Ciudadanos incluye el aumento de recursos para los programas de Atención Infantil Temprana y la implantación del cribado de cáncer de colon para la población de entre 50 y 69 años
Para los facultativos andaluces se introducirá la eliminación de la obligatoriedad de exclusividad laboral, aprobando también la “consolidación del complemento de dedicación exclusiva como parte del sueldo”. Además, el futuro Ejecutivo autonómico redefinirá las Unidades de Gestión Clínica en Unidades de Gestión Sanitaria, para dotarles de más “autonomía en la gestión y toma de decisiones”.
LEY DE ATENCIÓN TEMPRANA
A falta de conocer quién será el sustituto o sustituta de Marina Álvarez al frente de la Consejería de Salud, los partidos le han encargado ya la elaboración de un proyecto de Ley de Atención Temprana para Andalucía. Asimismo, se prevé el aumento de recursos para los programas de Atención Infantil Temprana “para garantizar la detección de trastornos, patologías y necesidades específicas en la población infantil andaluza”.
Finalmente, otras medidas dirigidas a los pacientes son la implantación del cribadode cáncer de colon para la población de entre 50 y 69 años así como el pago de ayudas a personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado hepatitis C “como consecuencia de haber recibido tratamientos con concentrados de factores de coagulación” en el ámbito del sistema sanitario público andaluz.
LÍMITE DE CARGO Y OTRAS MEDIDAS
Estas políticas se suman a otras como el límite a 8 años como máximo de la duración del mandato del consejero/a de Salud; la realización de una auditoría del gasto del SAS; un aumento de la inversión en I+D+i; la equiparación salarial de los profesionales sanitarios a la media nacional; el establecimiento de un sistema ‘plaza vacante-plaza cubierta’; o realizar un estudio para analizar el déficit de plantilla sanitaria, poniendo el foco en los puestos de difícil cobertura.