“La Administración sanitariadebe seguir protegiendo los derechos de los pacientes y la confidencialidad de sus datos”. Así lo ha destacado el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, durante la reunión que ha mantenido con la consejera de Salud, Marina Álvarez para abordar el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que afecta, entre otras materias al sector de la salud.
En relación al ámbito sanitario, la legislación actual la sitúa entre las categorías especiales, es decir, entre aquellos datos que tienen una especial protección y cuyo tratamiento queda limitado a casos muy específicos. En concreto, el uso de estos datos sólo está permitido cuando el interesado da su consentimiento explícito y cuando es necesario por razones médicas o de salud pública, o por investigación científica o estadística.
Frente a esto, la nueva normativa busca un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos personales y la libre circulación de los mismos, en el marco de una sociedad más globalizada y tecnológica donde no existen límites al intercambio transfronterizo de información. Por ello, tanto Medina como Álvarez han coincidido en garantizar la protección de datos en el sector de la salud, “y el requisito básico de confidencialidad de la información diagnóstica y terapéutica, que reclama una atención especial”.
"La protección de datos es de especial importancia en el sector de la salud y el requisito básico de confidencialidad de la información diagnóstica y terapéutica reclama una atención especial”, han coincidido en señalar ambos
El nuevo Reglamento también prevé la creación de un Delegado de Protección de Datos para reforzar la supervisión y garantizar el cumplimiento de la normativa. Asimismo, servirá de canal para que los interesados puedan consultar el ejercicio de sus derechos. La nueva normativa europea entrará en vigor el próximo 25 de mayo.
EL CONSEJO
Andalucía cuenta con su propia autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.