El Contrato Programa 2025 del Servicio Andaluz de Salud ha desvelado una preocupante realidad: el Gobierno de Andalucía está incentivando a los médicos para que limiten los tratamientos disponibles para los pacientes, sin ninguna razón clínica ni económica real. Así se refleja en el documento al que ha tenido acceso ConSalud.es. Una medida, única en España, que pone en riesgo la salud de miles de andaluces al condicionar la elección terapéutica a unas marcas específicas, muchas de ellas antiguas y sin evidencia científica superior.
El documento, que entre otras cuestiones recoge los objetivos de mejorar la atención primaria, con tiempos menores a cuatro días para dar respuesta a las consultas médicas asignadas en los centros o garantizar que ningún paciente supere el plazo de 365 días para una intervención quirúrgica, cuenta además con un ‘Índice de Calidad de la prescripción’ que recoge los tratamientos que se han de usar por encima de otros tratamientos.
Varias instituciones ya están preparando acciones para eliminar estos indicadores,
De esta forma, se establecen directrices en el abordaje de úlcera péptica y reflujo gastroesofágico, diabetes, prevención del riesgo vascular, depresión y enfermedades del sistema respiratorio.
DISCRIMINACIÓN EN EPOC Y ASMA
Con este documento, Andalucía se convierte en la única Comunidad Autónoma que restringe la libertad de los médicos para prescribir tratamientos, a pesar de que el coste de todos ellos es el mismo. Este controvertido sistema choca de frente con los principios fundamentales recogidos en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que garantiza la universalidad, equidad e igualdad en el acceso a los servicios sanitarios. Paradójicamente, el propio documento del SAS resalta estos valores, mientras impone restricciones que atentan contra la calidad asistencial y la autonomía profesional.
En este contexto, los expertos señalan que la situación es alarmante. Varias instituciones ya están preparando acciones para eliminar estos indicadores, que limitan gravemente la capacidad de los médicos para proporcionar a sus pacientes el mejor tratamiento posible. No en vano, este tipo de restricciones tienen un impacto directo en enfermedades graves como la EPOC y el asma, que afectan a 6 millones de personas en España y representan la cuarta causa de muerte en el país, con 29.000 fallecimientos al año. Además, suponen un enorme gasto para el Sistema Nacional de Salud, con un coste de 1.700 millones de euros anuales, siendo las hospitalizaciones la principal carga económica.
En patologías respiratorias, la adherencia al tratamiento es clave para el bienestar del paciente. Sin embargo, con estas medidas, el Gobierno andaluz pone en riesgo la salud de miles de personas al restringir las opciones terapéuticas de los médicos. Ante esta situación, la pregunta es inevitable: ¿está primando el interés político o empresarial sobre la salud de los andaluces?