La consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Catalina García, ha contestado este miércoles en comisión parlamentaria que no va a "imponer nada" en relación a la tasa del 5% en genéricos a las oficinas de farmacia. Respondía así a una pregunta formulada por el PSOE, tras la polémica suscitada en todo el sector y las críticas de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), que ha rechazado "rotundamente" que las farmacias tengan que aportar un 5% de sus ventas de genéricos al Sistema Andaluz de Salud (SAS).
Tras el rechazo a "imponer nada", la titular de Salud ha insistido en que el nuevo modelo que plantea el Gobierno andaluz busca una "mayor eficiencia" del presupuesto que destina el SAS a medicamentos, que ronda el 30% del total.
A su vez, Catalina García ha querido aclarar que su departamento no quiere "volver" al sistema de la subasta por el que apostó el PSOE en la Junta y ha confiado en alcanzar "un acuerdo" con todas las partes implicadas.
Catalina García ha dejado también claro que su departamento no quiere "volver" al sistema de la subasta
Por su parte, la diputada socialista Ángeles Prieto ha sostenido en su intervención que el nuevo sistema de genéricos "beneficia sólo a las grandes distribuidoras" y ha recordado que la subasta de medicamentos "dejaba" 150 millones de euros al año en las arcas públicas. En contra de esta posición, la consejera andaluza ha recordado que la subasta de medicamentos "perjudicaba a la larga" a los pacientes pluripatológicos. Las empresas que se imponían en esas subastas "no tenían capacidad de distribución", lo que derivaba en "problemas de distribución" y "desabastecimiento" continuo.
Las farmacias, sin embargo, explican su rechazo al nuevo modelo porque consideran que no se ajusta a derecho, "debido a que vulnera la ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que es de carácter básico y obligado cumplimiento por las comunidades autónomas". Por ello, se "reservan" el derecho al ejercicio de las acciones legales oportunas.
La Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) ha rechazado "rotundamente" que las farmacias tengan que aportar un 5% de sus ventas de genéricos al Sistema Andaluz de Salud y se "reserva" el derecho al ejercicio de las acciones legales oportunas
No solo desde la Ceofa se han mostrado contrarios a este modelo planteado por el SAS y por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), también el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla votaba en contra de esta medida el pasado mes de febrero. De hecho, este rechazo culminaba con la marcha atrás al plan por parte del Cacof y, concretamente, de su presidente Antonio Mingorance, defensor de este modelo. En un comunicado explicaba que "salvo novedades al respecto", no avanzaría en la firma de la Adenda ante la falta de unanimidad de los Colegios Farmacéuticos de Andalucía.
El papel de Mingorance ha estado rodeado de una gran polémica, ya que esta medida beneficiaría especialmente al mayorista principal de Andalucía, que es Bidafarma, cuyo presidente es también Antonio Mingorance.
Respecto a la repercusión que esta medida podria tener en las arcas de la administración andaluza, la recaudación estimada supondría un 0,2% del presupuesto total. Si se compara con el presupuesto destinado al gasto farmáceutico de 2024, el incremento de la recaudación de esta partida también sería ínfimo, llegando apenas al 1,2%.
Por todo ello, el sector mantiene sus dudas y, de hecho, las barreras sobre este modelo no quedan en la yo comentado. La industria farmaceutica, prudente a la hora de dar declaraciones, ya que según indicaba la misma patronal a ConSalud.es no han tenido acceso al texto, sí afirmaba a este medio que abogan por "preservar la libre competencia". "Siempre vamos a defender el valor de la marca y de la innovación farmacéutica", añadían. En el caso de los fabricantes de genéricos, el nuevo modelo dividía incluso a su sector.
Ahora, estas últimas declaraciones de la consejera alejarían este primer borrador del plan, que ha dividido al sector y que ha puesto sobre la mesa a un principal beneficiario, poniendo a su vez en peligro a la pequeña farmacia.