Andalucía se ha sumado a la lista de comunidades autónomas que, a raíz de las informaciones surgidas recientemente y desmentidas por Sanidad, exige que se mantenga el actual modelo de MIR “con carácter nacional”. Así lo ha hecho su consejera de Salud y Consumo, Catalina García, durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
“Su transferencia a las comunidades autónomas puede suponer una pérdida en la equidad, además de dificultar el acceso a la formación especializada y agravar la falta de profesionales que sufre el sistema”, ha asegurado García, quien pedía además un “pronunciamiento claro” por parte de Sanidad que ha llegado poco después.
“La medida no sólo genera desigualdad en la formación, sino que también va a dificultar la movilidad de los profesionales, lo que va a repercutir en una pérdida de la calidad asistencial que reciben los pacientes”, manifiesta la consejera de Salud y Consumo de Andalucía”. “Es un despropósito que se quiera desmembrar un sistema de éxito que, aunque tiene problemas que se deben solucionar, ha demostrado que garantiza la igualdad en la formación especializada”, añade.
“Lo que se debería estar abordando no es el traspaso de la competencia, sino el déficit de profesionales o la inversión en sanidad"
Catalina García también ha recordado que su comunidad autónoma lleva cinco años solicitando una convocatoria extraordinaria de plazas MIR. En concreto, de mil plazas anuales durante los próximos cuatro años, así como la “flexibilización o modificación de la acreditación de las unidades de formación docente para ampliar su capacidad”.
Y es que, asegura, Andalucía ya no puede ofertar más plazas en especialidades como Medicina Familiar y Comunitaria, Psicología o Neurología, a pesar de ser, junto a Madrid y Cataluña, la comunidad autónoma que más plazas oferta. De hecho, es la primera en la oferta de Medicina Familiar y Comunitaria (434) por delante de Cataluña (371) y Madrid (244).
García también ha indicado que Andalucía ha ofertado 1.861 plazas EIR en la convocatoria 2023/2024, 57 más que en la convocatoria 2022/2023. “Lo que se debería estar abordando no es el traspaso de la competencia, sino el déficit de profesionales o que la inversión en sanidad, según los datos que el Gobierno ha enviado a Bruselas, se quede en un 6,7% en vez del 7% prometido”, denuncia.