La delegada de Justicia, Administración Pública y Función Local, Teresa Pardo, junto con el delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, han presentado a los profesionales médicos el convenio firmado entre la Consejería y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este acuerdo permitirá agilizar la expedición de certificados de defunción en casos de muerte natural, evitando así su judicialización.
Durante una jornada informativa organizada en el Colegio de Médicos de Málaga, ambos delegados territoriales han explicado los detalles del convenio, ya publicado en el BOJA, cuyo objetivo principal es reducir trámites y aliviar el sufrimiento de las familias en los casos en que no existan sospechas fundadas de violencia ni indicios de criminalidad. Teresa Pardo ha señalado que para las familias que enfrentan “la pérdida de un ser querido, sin indicios de criminalidad, se les añade un mayor sufrimiento al no poder enterrarlos hasta que no se lleve a cabo la autopsia”.
La finalidad de este convenio es es minimizar las autopsias innecesarias y entregar los restos mortales de quienes fallecen por causas naturales a sus familiares en el menor tiempo posible
El convenio establece las competencias de los médicos del SAS y de los forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en la emisión de los certificados de defunción, según las circunstancias del fallecimiento. Su finalidad es minimizar las autopsias innecesarias y entregar los restos mortales de quienes fallecen por causas naturales a sus familiares en el menor tiempo posible, favoreciendo así una actuación más eficaz y humana.
En el evento también han participado el presidente en funciones del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, y la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga, Esperanza López. Los profesionales asistentes han podido conocer en detalle los criterios que debe evaluar el médico para determinar si existen indicios de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.
El convenio también dispone que los médicos del SAS tramiten los certificados de defunción en todos los casos de muertes no violentas ocurridas fuera de residencias de mayores, hospitales privados u otros centros con equipos médicos propios. Por otro lado, los casos con sospechas de muerte violenta, traumática o tóxica deberán comunicarse a la autoridad judicial.
“Se trata de un importante soporte para que los profesionales médicos puedan tener contacto directo con los forenses del IMLCF”
El delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, ha destacado que, gracias al convenio, los médicos del SAS que tengan dudas sobre cómo proceder podrán consultar con el médico forense de guardia. “Se trata de un importante soporte para que los profesionales médicos puedan tener contacto directo con los forenses del IMLCF”, afirmó.
Por su parte, el presidente en funciones del Colegio de Médicos ha subrayado “el carácter humano de este acuerdo, ahorrando sufrimientos innecesarios a las familias, al mismo tiempo que optimiza el trabajo de los médicos para la gestión de certificados de defunción”.
638 AUTOPSIAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Según datos proporcionados por la directora del IMLCF de Málaga, en lo que va de 2024 se han realizado en la provincia un total de 638 autopsias, de las cuales 238 correspondieron a personas fallecidas por muerte natural sin sospechas de criminalidad (37%). En 2023, esta cifra fue algo mayor, con 1.105 autopsias realizadas, de las cuales 390 fueron a fallecidos sin indicios de violencia (algo más del 38%).
“Lo ideal sería que las autopsias por causa natural sin indicios de criminalidad se puedan reducir hasta el 20%”
Esperanza López ha destacado que “lo ideal sería que las autopsias por causa natural sin indicios de criminalidad se puedan reducir hasta el 20%”. Además, ha añadido que este convenio responde a las demandas de profesionales, forenses y familias: “No se trata solo de lo que implica la autopsia, sino de los trámites burocráticos que supone una muerte judicializada que conlleva a los familiares o herederos a tener que pasar por el juzgado para cualquier gestión”, explicó.
El convenio, publicado en el BOJA el pasado 22 de noviembre, tiene una duración de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se implementará progresivamente en dos fases. Durante el primer trimestre tras su entrada en vigor, se aplicará en los Servicios de Emergencias y Urgencias Extrahospitalarias, y en el trimestre siguiente se extenderá a los Servicios de Urgencia Hospitalarias.