En el marco de este proyecto, se creará también una base de datos con costes estandarizados de recursos, servicios e intervenciones en salud, de la cual será responsable la Escuela Andaluza de Salud Pública. Esta base de datos contribuirá a explicar las diferencias entre países en términos de costes de la atención sanitaria, así como compartir modelos de evaluación económica en salud entre países.
Según señalan desde la Consejería, el trabajo se ha iniciado revisando los métodos desarrollados en evaluación económica para estimar el ‘coste unidad’ en los países de la Unión Europea, así como las prácticas de contabilización de costes de las organizaciones sanitarias en cada país. Aunque éstas últimas se realizan con fines de gestión, se incorporan al análisis porque pueden ser usadas para la evaluación económica.
Se trata de la iniciativa de investigación europea de mayor importe que ha conseguido la EASP en toda su historia, con un presupuesto financiado 100% por la Unión Europea de 416.000 euros
En este proyecto, financiado por la Unión Europea, participan 15 instituciones de 10 países. La EASP coordina el equipo de trabajo que se centrará en el diseño y puesta en marcha de la base de datos y lo hace de la mano de Jaime Espín, profesor de la institución. El proyecto está previsto que finalice en el año 2020 y sus resultados se presentarán a lo largo de ese año. Se trata de la iniciativa de investigación europea de mayor importe que ha conseguido la EASP en toda su historia, con un presupuesto financiado 100% por la Unión Europea de 416.000 euros.
ESTANDARIZAR LA EVALUACIÓN DE COSTES EN SALUD
La evaluación de tecnologías de la salud ha sido abordada hasta ahora de manera independiente por las autoridades sanitarias de cada país. Esta evaluación tiene además la complejidad del amplio número de tecnologías existentes que entran en el mercado continuamente.
Normalmente los países no cuentan con una base de datos en la que los costes de los recursos o actos sanitarios se hayan estandarizado o sean públicos. La existencia de una base de datos europea de costes en salud permitiría su adaptación, con relativa facilidad, de un país a otro, asegurando la transferencia y transparencia de resultados y reduciendo el tiempo y trabajo necesario en la evaluación económica.