Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha defendido este miércoles que "todos los contratos de emergencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizados durante la crisis de la pandemia de Covid-19 "están avalados por informes jurídicos". Así lo ha subrayado la consejera en una comparecencia en el Pleno del Parlamento solicitada por los grupos del PP-A, PSOE-A y Vox para valorar los informes de la Intervención General relativos a la contratación de emergencia del SAS durante el periodo de 2021 a 2024.
En este sentido, la consejera ha querido subrayar durante su intervención el contexto de "crisis sanitaria" generada por el virus que causaba la enfermedad Covid-19 en el que se enmarcaban dichos contratos analizados por la Intervención General, y al respecto ha recordado que, "ante el contagio masivo y descontrolado a nivel mundial que había provocado el Covid-19", la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020, "una emergencia de salud pública de importancia internacional" de la que España fue uno de los países "más afectados", especialmente a partir de marzo de ese mismo año, cuando el Gobierno central declaró el estado de alarma.
La titular andaluza de Salud ha subrayado que "no sería hasta el 4 de julio de 2023 cuando el Ministerio de Sanidad declaró la finalización total de las restricciones sanitarias" vinculadas a dicha pandemia que causó casi 16.000 muertes en Andalucía con datos actualizados "a fecha de 30 de junio de 2023", y ha remarcado que, "en esos momentos tan duros, todas las comunidades autónomas tuvieron que recurrir a una modalidad de contratación que en aquellos momentos no constituía una opción, sino una obligación", la del "procedimiento de emergencia".
"Por encima de los protocolos y los trámites administrativos, está el derecho a la vida de los ciudadanos"
"Por encima de los protocolos y los trámites administrativos, está el derecho a la vida de los ciudadanos", ha proclamado la consejera, que ha llamado a preguntarse "qué habría pasado si no se hubieran hecho esos contratos, cuántas personas habrían fallecido" o "cuántas miles no habrían podido ni ser diagnosticadas ni operadas".
La consejera ha argumentado que "la emergencia y la premura en dichas contrataciones dieron lugar, utilizando como base las recomendaciones que efectúan los informes técnicos de las intervenciones, a que pudieran producirse defectos o imperfecciones administrativas en el proceso" de las mismas, "pero siempre ajustándose de manera escrupulosa a la ley".
Rocío Hernández ha remarcado que "la asesoría jurídica del SAS avaló, mediante dos informes --uno del 28 de diciembre de 2021 y otro del 10 de agosto de 2022--, las prórrogas de los contratos de emergencia que el SAS realizó con motivo de la pandemia", y ha puntualizado que "se realizaron en total tres ampliaciones de la llamada Declaración de Emergencia Única, aquella que facultaba al Servicio Andaluz de Salud para recurrir al procedimiento de contratación de emergencia para dar soporte legal a estos contratos".
"La asesoría jurídica del SAS avaló las prórrogas de los contratos de emergencia"
Dichas ampliaciones se corresponden con el 30 de diciembre de 2021, el 30 de septiembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, ha precisado la consejera antes de añadir que, "una vez ya controlada la pandemia e integrado el coronavirus como una infección más en nuestra sociedad, el empleo de este procedimiento --la contratación de emergencia-- ha sido prácticamente residual y no se recurre a él desde el 17 de mayo de 2023".
La titular de Salud ha indicado además que, en 2020, la contratación de emergencia supuso "el 26,56% del total de la contratación pública", cifra que "disminuyó al 11,17% en 2021 y continuó bajando hasta el 3,41% en 2022", mientras que, en 2023, "el empleo de este mecanismo fue meramente anecdótico, con apenas un 0,9% del total de la contratación pública, única y exclusivamente para el tratamiento de pacientes oncológicos", ha continuado detallando.
La consejera ha defendido también que la Cámara de Cuentas de Andalucía, "otro de los organismos de fiscalización de que dispone esta comunidad autónoma, avaló en su momento la política de contratación de emergencia que realizó la Junta para gestionar la crisis sanitaria", y ha subrayado que "todos estos contratos están publicados en el portal de transparencia de la Junta", por lo que "cualquier ciudadano puede acceder a ellos".
La "prioridad" y la "obligación" de la administración era "atender a la población y su salud"
La consejera ha insistido en defender el recurso a la contratación de emergencia durante la pandemia porque la "prioridad" y la "obligación" de la administración era "atender a la población y su salud", y en esa línea ha sostenido que, "a la luz de los hechos, es evidente que queda justificado" el empleo de un mecanismo como el de la contratación de emergencia que "nos facilitó prestar atención a pacientes Covid y de otras patologías", como cáncer, Alzheimer, demencia o fibrosis quística, ha citado entre otros ejemplos, además de "poder realizar pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y mantener coberturas vacunales".
Rocío Hernández ha cerrado su intervención enfatizando que "todos los contratos de emergencia realizados por el SAS están dentro del periodo de la crisis sanitaria que decretó el Gobierno de España" y "están avalados por informes jurídicos", y ha subrayado que "el Gobierno de España declaró el fin de la crisis el 4 de julio de 2023, y la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud finalizó el 17 de mayo de 2023, es decir, un mes y medio antes" de esa otra fecha. "Se hizo lo que había que hacer y siempre avalado por la legalidad", ha zanjado.