La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este martes la constitución de un Observatorio de Agresiones, constituido por expertos, para “proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones, así como para servir de instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se vayan adoptando”.
La consejera ha presentado este nuevo observatorio tras la reunión de seguimiento y evaluación del grupo de trabajo del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del SSPA (Servicio Sanitario Público de Andalucía). Forman parte de esta entidad los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración andaluza, la Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de Andalucía, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de los miembros de la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud.
García ha destacado que el Observatorio “evaluará los datos recabados por el Plan y elevará propuestas a las distintas mesas de trabajo, para, entre todos, frenar las agresiones a nuestros sanitarios”. Además, ha añadido, este órgano “servirá de conexión con otros observatorios ya implantados en otras comunidades autónomas”.
El Observatorio “evaluará los datos recabados por el Plan y elevará propuestas a las distintas mesas de trabajo"
Junto a este Observatorio de las Agresiones, se está trabajando también en el establecimiento de un régimen sancionador de agresiones a partir de la modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Así, ha explicado García, “se establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA que cometan una agresión con sanciones económicas proporcionadas al daño causado”. García ha explicado que “otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, ya tienen estipuladas estas sanciones”.
La consejera ha explicado que el Plan contempla nuevas medidas para “seguir avanzando en la prevención y protección de los trabajadores del SAS y combatir así la violencia que sufren”. Entre estas medidas, ha citado: equilibrar los derechos y deberes de los ciudadanos; realizar una campaña de concienciación dirigida a la población destacando la labor del profesional y recordando que la agresión es un delito recogido en el código penal; informar a la ciudadanía de la existencia del Interlocutor Policial Sanitario; y continuar asegurando la celebración trimestral de estas reuniones.
Asimismo, García ha propuesto también “mejorar la información contenida en las tarjetas identificativas del profesional, con el objeto de encontrar el punto medio entre el derecho de los pacientes a conocer el profesional que los atiende y la protección del profesional”.
En este sentido, García se ha referido a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, particularmente de la Guardia Civil, Policía Local y la Policía Nacional, para que, “tras conocer la incidencia real de agresiones y denuncias realizadas en cada centro, desarrollar las acciones concretas encaminadas a su prevención y disminución, prestando especial atención a las cometidas por personas reincidentes”.
La titular de Salud y Consumo ha explicado que “también continuaremos con la formación en materia de prevención de agresiones dirigida a los trabajadores que se incorporan al SAS”; la implantación del profesional Guía, para la mejora en el acompañamiento; el ofrecimiento inmediato de asistencia jurídica al trabajador agredido; el alejamiento del agresor y medidas de seguridad prevención implantadas en los centros de trabajo (cámaras de seguridad, timbres en consulta, consultas comunicadas con interfonos, etc.) y campañas de información a la ciudadanía sobre el estatus de autoridad que tienen los profesionales sanitarios ante agresiones.
BALANCE DE AGRESIONES
El grupo de trabajo del Plan ha valorado la disminución en dos puntos de la tasa andaluzas de agresiones entre 2022 y 2019, año anterior a la pandemia, así como el descenso en los valores absolutos.
Así, en 2022 se produjeron 1.494 agresiones en la comunidad autónoma mientras que en 2019 se registraron 1.507; y la tasa, debido al incremento de profesionales contratados, pasó de 14,3 por mil profesionales en 2019 a 12,3 por mil profesionales en 2022. En este último año, también ha disminuido el porcentaje de las agresiones físicas en un 10,4% con respecto a las registradas en 2019 (259 frente a 289).