A pocos días de acabar el 2018, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) firmaron un documento en el que se definían las medidas que se emprenderán en los primeros 100 días en la Junta de Andalucía, así como las prioridades para el resto de la legislatura.
Uno de los ocho puntos exclusivamente sanitarios recogidos en el pacto es la reversión de la subasta de medicamentos. Esta adjudicación de fármacos para su venta en farmacias a través de concurso público ha sido una de las piezas clave en la gestión sanitaria del PSOE en Andalucía. Una medida que se activó en diciembre de 2011 gracias a la aprobación por el Consejo de Gobierno de un Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia.
La primera convocatoria de concurso público se realizó en enero de 2012 y se dirigió a tres subgrupos terapéuticos; desde entonces, se ha extendido la subasta a más subgrupos
Por entonces, dirigía la Consejería de Salud la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En su momento, el Gobierno andaluz, dirigido por José Antonio Griñán, justificó esta medida para intentar disminuir el número de facturas de medicamentos que había acumuladas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con motivo de la crisis económica.
De esta manera, la primera convocatoria de concurso público se realizó en enero de 2012 y se dirigió a tres subgrupos terapéuticos. A esta oferta, se presentaron 13 laboratorios y 11 resultaronadjudicados. El proceso consistía en que la Junta de Andalucía compraba al precio que marcaba el Ministerio de Sanidad y, posteriormente, los laboratorios ingresaban mensualmente en la Consejería de Salud la mejora que habían ofrecido para ganar el concurso.
Tras ello, la Consejería de Salud ha ido extendiendo la subasta a más subgrupos terapéuticos hasta la última que ha convocado, la decimotercera. Desde entonces, la medida ha sido secundada por los tres consejeros de Salud que han ocupado el mismo puesto de María Jesús Montero y, según sus propios dirigentes, ha supuesto un ahorro acumulado de 568 millones de euros.
CONFLICTO CON EL PP
En estos años, el anterior Gobierno del PP ha intentado plantar batalla a esta iniciativa de la Junta de Andalucía. De hecho, esta medida ha sido recurrida en varias ocasiones por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invadía competencias estatales.
La Asociación de Farmacéuticos de Andalucía llevó a la Comisión Europea el caso para que fuera investigado
Por otra parte, también ha supuesto un conflicto con algunos profesionales de farmacia de Andalucía como la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran). Tanto que esta corporación llevó a la Comisión Europea el caso para que fuera investigado. No obstante, desde Bruselas se ha optado por no intervenir a favor de esta petición, al entender que la competencia y responsabilidad recae sobre España.