La Junta de Andalucía va a convertirse en la primera comunidad autónoma en otorgar rango de ley, la máxima categoría normativa, al tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria. Lo hace tras aprobar este martes, en Consejo de Gobierno, el anteproyecto de Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada.
La Consejería de Sanidad pretende así dar respuesta al problema de la obesidad que en Andalucía afecta, según han informado en un comunicado, al 18,7% de la población adulta y al 22,5% de los menores. Por ello, prestarán especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los sectores más desfavorecidos.
Con respecto a las personas que padecen obesidad, el texto incluye que se les reconocerá el derecho a una atención sanitaria integral y continuada. Además, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.
MEDIDAS EDUCATIVAS
El anteproyecto prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable. Como medidas concretas, los centros docentes tendrán un plazo máximo de cuatro años para establecer un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. En esta línea, se fomentarán igualmente los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.
Además, los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física, mientras que en las universidades andaluzas se facilitará la configuración de ofertas docentes de postgrado que aborden los problemas de la alimentación y la nutrición, la dieta mediterránea y la actividad física orientada a la prevención del sobrepeso y la obesidad.
MEDIDAS EN PUBLICIDAD
La Consejería de Sanidad ha incluido limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará, por ejemplo, incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos. Del cumplimiento de la normativa, se encargará el Consejo Audiovisual de Andalucía.
Por último, la normativa cataloga como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado; o la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
La Consejería de Sanidad pretende así dar respuesta al problema de la obesidad que en Andalucía afecta, según han informado en un comunicado, al 18,7% de la población adulta y al 22,5% de los menores. Por ello, prestarán especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los sectores más desfavorecidos.
A las personas con obesidad se les reconocerá el derecho a una atención sanitaria integral y continuada
En materia alimentaria, la futura ley prevé medidas como exigir menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los espacios de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la unidad familiar; habilitar aparcamientos aparcamientos para bicicletas en centros de trabajo con más de 50 trabajadores; o garantizar el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.Con respecto a las personas que padecen obesidad, el texto incluye que se les reconocerá el derecho a una atención sanitaria integral y continuada. Además, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.
MEDIDAS EDUCATIVAS
El anteproyecto prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable. Como medidas concretas, los centros docentes tendrán un plazo máximo de cuatro años para establecer un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. En esta línea, se fomentarán igualmente los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.
Los centros tendrán un plazo de cuatro años para establecer un mínimo recomendable de cinco horas semanales de actividad física
En cuanto a la alimentación, la Junta espera garantizar los menús saludables en los comedores escolares, con utilización de productos locales y regionales y de temporada basados en la dieta mediterránea. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en programas de granjas escuelas y huertos escolares.Además, los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física, mientras que en las universidades andaluzas se facilitará la configuración de ofertas docentes de postgrado que aborden los problemas de la alimentación y la nutrición, la dieta mediterránea y la actividad física orientada a la prevención del sobrepeso y la obesidad.
MEDIDAS EN PUBLICIDAD
La Consejería de Sanidad ha incluido limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará, por ejemplo, incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos. Del cumplimiento de la normativa, se encargará el Consejo Audiovisual de Andalucía.
En los centros de Secundaria se mostrará la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que ofrezcan
Además, el texto limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías. Asimismo, en los institutos de Secundaria se mostrará, en lugar visible, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan.Por último, la normativa cataloga como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado; o la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores.
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