La problemática del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. En concreto, a las mesas de los parlamentarios de Esquerra Republicana y Vox, quienes han formulado dos preguntas con respuesta escrita dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez y que exigen, por un lado, medidas para reducir el peso de esta normativa, por otro, analizar los criterios que ha seguido el Ejecutivo para poner en marcha esta legislación que, como mencionan ambos partidos políticos, “retrasa tratamientos necesarios”.
En concreto, cinco diputados de Vox -Patricia Rueda, Ricardo Chamorro, José Ramírez, Tomás Fernández y Francisco José Alcaraz- han realizado cinco preguntas ante el Congreso para considerar varias cuestiones que preocupan a los veterinarios. Como exponen en el cuestionario, los parlamentarios quieren conocer “cuáles fueron los criterios científicos y técnicos que fundamentaron el texto del reglamento”.
Además, el partido verde pregunta qué ha motivado la limitación del criterio de los veterinarios en la redacción del RD y si ha evaluado el Gobierno el impacto que esta normativa puede tener tanto en la profesión veterinaria como en la propia salud.
Vox ha preguntado el Gobierno central si tiene previsto modificar la normativa para reducir las restricciones
“¿Ha contado el Gobierno con la participación del sector veterinario en su elaboración?”, preguntan los parlamentarios. De ser así, todos coinciden en conocer cuáles son las conclusiones que se han sacado sobre las restricciones en la prescripción y uso en el ejercicio profesional. Asimismo, por último, Vox pregunta al Gobierno si tiene previsto modificar esta normativa y hacerla menos restrictiva.
Por su parte, la diputada republicana Etna Estrems Fayos ha expresado en el documento su preocupación por los efectos negativos este Real Decreto. Según la formación catalana, esta normativa ha generado un aumento de la burocracia y ha limitado la capacidad de los profesionales veterinarios para dispensar tratamientos adecuados.
Estrems Fayos ha recordado que las recientes manifestaciones del sector en Barcelona han puesto de manifiesto el malestar de los veterinarios, que se sienten tratados como "sanitarios de segunda". Entre las preocupaciones expuestas, destaca el riesgo de que las restricciones impuestas retrasen los tratamientos esenciales para la salud animal, lo que podría comprometer su bienestar.
Esquerra ha solicitado información sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para reducir la carga burocrática impuesta por la normativa
En sus preguntas al Ejecutivo, la diputada ha solicitado información sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para reducir la carga burocrática impuesta por la normativa, así como para garantizar que la regulación no perjudique a las pequeñas clínicas veterinarias frente a la expansión de grandes cadenas y fondos de inversión. Asimismo, ha preguntado si el Gobierno contempla modificar el decreto para ajustarlo mejor a las necesidades del sector y si tiene intención de reducir el IVA de los servicios veterinarios, equiparándolo al de otras profesiones sanitarias.