El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga presentó una denuncia a la Guardia Civil por la detección de cartillas de primovacunación que no se correspondían con las editadas y distribuídas de forma oficial por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios. A partir de esta denuncia, el Seprona ha detectado a una persona e investigado a otras dos por la comisión de los delitos de falsedad documental, intrusismo profesional, desobediencia a los agentes de la autoridad y tráfico ilegal de especies protegidas, enmarcado en la denominada operación ‘Cattus’.
Gracias a la actuación de Seprona, según informa la Dirección General de la Guardia Civil, se pudieron identificar las cartillas falsificadas con un criadero clandestino de gatos, con una tienda de animales y con un consultorio veterinario ubicado en la localidad de Coín, corroborando que las mismas habían sido utilizadas y distribuidas junto con los animales a otras provincias del territorio nacional.
Numerosos clientes que habían acudido a la tienda de animales aportaron sus testimonios. La propia titular del establecimiento había implantado microchips, realizado diferentes tratamientos veterinarios y cumplimentado diversa documentación que solo puede ser realizado por un facultativo.
En el centro investigado se identificó la documentación, un sello consultorio, viales de vacunas, aplicadores de microchips y 847 cartillas de primovacunación falsificadas que estaban siendo utilizados por esta persona
Con esta información, los agentes inspeccionaron el establecimiento de venta de animales que estaba siendo investigado, donde se identificó la documentación, un sello consultorio, viales de vacunas, aplicadores de microchips y 847 cartillas de primovacunación falsificadas que estaban siendo utilizados por esta persona. Además, se identificaron 11 ranas protegidas por el Convenio Internacional CITES que se comercializaban ilegalmente en el citado establecimiento.
El Colegio de Veterinarios ha asegurado que estas actuaciones suponen una competencia desleal y un daño económico para todo el colectivo, y para los propios clientes que creen que sus animales están siendo tratados con todas las garantías por un profesional veterinario.
La Guardia Civil ha detenido a la responsable del establecimiento, imputándole un total de 960 hechos delictivos, principalmente por la administración de vacunas. También han iniciado la investigación de dos personas, entre ellas una veterinaria.
Con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Málaga y consultado con diferentes registros oficiales de identificación animal, se pudo comprobar que algunas de estas vacunas y el alta de los microchips habían sido registradas por una veterinaria, que no había participado en estos actos clínicos, blanqueando de esta manera los hechos ilegales investigados. Según datos de la Guardia Civil, se estiman que los perjuicios económicos causados por estos hechos ascenderían a 100.000 euros.