El vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno del Val, ha participado en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación celebrada este miércoles 2 de abril en el Senado. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular y sobre la problemática del Real Decreto de medicamentos veterinarios, Moreno del Val ha intervenido en este encuentro institucional para compartir todas las trabas que plantea esta normativa que entró en vigor a comienzos de año y que, como denuncian los profesionales, limita el criterio de los veterinarios.
Moreno del Val ha comenzado su intervención dirigiéndose a todos los miembros de la comisión “para exponerles los problemas a los que nos enfrentamos los veterinarios y veterinarias de todos los sectores en los últimos años y que recientemente nos han llevado a las calles”.
"El reglamento, -y esta es la primera, pero no la última vez que voy a corregir al ministro de Agricultura-, no es necesario transponerlo como dijo aquí hace dos semanas"
El vicepresidente de la OCV ha denunciado que el Real Decreto 666/2023 introduce restricciones innecesarias y que la explicación del Ministerio de Agricultura sobre su origen es incorrecta. “El reglamento europeo 2019/6 sobre medicamentos veterinarios establece un marco común regulatorio para todos los países de la Unión Europea (UE). El reglamento, -y esta es la primera, pero no la última vez que voy a corregir al ministro de Agricultura-, no es necesario transponerlo como dijo aquí el ministerio de agricultura hace dos semanas. Resulta de obligado cumplimiento en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada estado miembro. Lo que si pueden hacer los distintos estados de la UE es regular de manera accesoria esa normativa europea con normativa nacional. Eso es lo que se hizo con el Real Decreto 666/2023 y así se indica en el propio real decreto”, ha insistido.
Además, en España tenemos “otro problema añadido”, ha señalado Moreno del Val. “Es la interpretación restrictiva que se hace, a diferencia de otros países, del reglamento comunitario”, ha asegurado. “De hecho, esta interpretación ni siquiera la comparten las distintas administraciones competentes de nuestro país. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) mantiene una interpretación mucho más laxa”.
En este sentido, según el vicepresidente de la OCV, el decreto ha sido desarrollado con una interpretación restrictiva de la normativa comunitaria, lo que genera inseguridad jurídica y diferencias entre regiones. “Si el Estado no es capaz de establecer un criterio común entre Sanidad y Agricultura para que los inspectores lo apliquen, la norma acabará interpretándose de forma diferente en cada comunidad autónoma, en cada provincia o incluso por cada inspector”, ha advertido.
Además, Moreno del Val ha criticado la falta de consideración hacia la profesión veterinaria en la elaboración del decreto. “Son muchas especies y patologías diferentes, gran variabilidad de tamaños y pesos, pocos recursos farmacéuticos, y nada de eso se ha considerado. Se legisla desde la creencia de que los veterinarios no trabajan adecuadamente y se nos criminaliza”, ha afirmado. Con la ausencia del criterio de los veterinarios, el vicepresidente de la entidad asegura que “falta una visión práctica, técnica y científica”.
“El ministerio impide a los veterinarios tener cierta flexibilidad justificada en el uso de medicamentos fuera de lo establecido en su ficha técnica, lo que conduce a problemas de salud y bienestar animal, y problemas de salud pública”
En relación con el acceso a los medicamentos, Moreno del Val ha asegurado que en otros países europeos se han implementado notas aclaratorias para facilitar la prescripción veterinaria, mientras que en España se sigue un criterio más estricto. “El ministerio impide a los veterinarios tener cierta flexibilidad justificada en el uso de medicamentos fuera de lo establecido en su ficha técnica, lo que conduce a problemas de salud y bienestar animal, y problemas de salud pública”, ha explicado.
Además, esta normativa “impone restricciones sobre la prescripción excepcional”, ha puntualizado, que impiden a los veterinarios utilizar fármacos cuando no existen alternativas específicas. “Utilizar esta vía excepcional carga al veterinario de responsabilidades y solo las asume con el fin de paliar un sufrimiento injustificado o evitar riesgo para animales y personas”, ha subrayado.
Sin embargo, como ha recordado Moreno del Val, España ha sido uno de los países que más ha reducido el uso de antibóticos en ganadería, con una disminución del 60% antes de la entrada en vigor del decreto. “A pesar de estos avances, el Ministerio de Agricultura estableció el marco más restrictivo para el uso de antibóticos de toda la Unión Europea”.
Otro punto que ha denunciado el vicepresidente de los veterinarios de España es la imposibilidad de estos profesionales de dispensar medicamentos, una situación que diferencia a España del resto de Europa. “En Europa somos una excepción, ya que impera un sistema de dispensación de medicamentos veterinarios en el que los profesionales tienen la libertad de distribuirlos para sus pacientes. En España, los veterinarios no estamos autorizados para la venta de medicamentos según lo que dicta el reglamento europeo”, ha señalado.
Finalmente, el vicepresidente de la OCV ha cuestionado la utilidad del sistema PRESVET, que exige a los veterinarios notificar la prescripción de medicamentos de forma detallada. “España ya cuenta con un sistema oficial para la recopilación de datos relativos a la venta y el uso de antibióticos de veterinaria, se llama EUSAVET y está regulado por la AEMPS. Este sistema utiliza unidades de medida estandarizadas a nivel de la UE y según reconoce el ministerio de Sanidad es suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas por el reglamento europeo”, ha concluido.