La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 ha generado numerosas dudas entres los veterinarios. En concreto, el Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) ha respondido más de 200 consultas de sus colegiados acerca de esta nueva medida que quiere la notificación obligatoria de los medicamentos veterinarios a través del sistema PRESVET.
Podría pensarse que un gran porcentaje de las dudas se corresponden con el uso de esta aplicación y la automatización de sistemas informáticos en clínica. Pero la realidad es que “la mayoría de las dudas surgen al replantearse la normativa general sobre el uso de los medicamentos y las grandes dificultades que entraña”, indica el vocal de la Junta de Gobierno de COLVEMA,Manuel Lázaro, en una entrevista en AnimalCare.
“La mayoría de las dudas surgen al replantearse la normativa general sobre el uso de los medicamentos y las grandes dificultades que entraña”
“Nos plantean las dificultades de los propietarios para encontrar en las farmacias los medicamentos que se prescriben, el retraso en su entrega o la imposibilidad en muchas farmacias, los envases inapropiados, los cambios de producto en el momento de la dispensación, verse obligados los veterinarios a ceder medicamentos de su botiquín, con las dudas e inseguridad jurídica que entraña, etcétera”, comenta.
Son numerosas las dudas que surgen alrededor de esta medida que entraña “una pérdida de criterio clínico veterinario”, lamenta el veterinario. De hecho, la situación se agrava aún más por los registros, que “son muy anticuados en muchas fichas técnicas de medicamentos, tanto en especies de destino, como dosis o vías de administración, que dificultan la aplicación de la prescripción ordinaria, teniendo que recurrir con frecuencia a prescripción excepcional”, añade.
Es cierto que se trata de una medida más para luchar contra el mal uso de los antibióticos y sus consecuencias. Pero como apunta Lázaro, “los veterinarios clínicos de pequeños animales, como sanitarios, son los primeros interesados en garantizar el buen uso de los medicamentos veterinarios en general y en especial de los antibióticos ya que, como garantes también de la salud pública, trabajamos no solo por la salud de nuestros pacientes sino también por el del conjunto de la sociedad”.
“Entendemos la necesidad de garantizar un uso responsable de los antibióticos, como hemos venido haciendo, intentando seguir las directrices del PRAN (y documentos de AMEG), reduciendo su uso, seleccionando aquel que menores riesgos implique, ajustando la dosificación, evitando sobrantes innecesarios y con ello y, en definitiva, minimizar las resistencias a los antibióticos”, continúa.
“Tenemos la impresión de que en este caso la administración ha querido correr más de lo necesario, más de lo que dictamina la UE”
Sin embargo, esta medida ha sido rápida y “se ha adelantado, y mucho, a lo que se exige en el resto de países de nuestro entorno”, sostiene el veterinario. “Tenemos la impresión de que en este caso la administración ha querido correr más de lo necesario, más de lo que dictamina la UE”, añade. Además, es una decisión que “entorpece el ejercicio de esta responsabilidad” y “dificulta nuestro criterio clínico y sobrecarga de tareas burocráticas (en muchos casos prácticamente inasumibles) que a la larga pueden conducir a una peor atención de nuestros pacientes, al retrasar algunos tratamientos, tener que realizar excesivas pruebas previas o dificultad para tener acceso a la medicación”.
UNA FORMACIÓN QUE LLEGA TARDE Y SANCIONES DESPROPORCIONADAS
Como respuesta a estas dudas y todos los problemas que pudieran surgir derivados de la nueva normativa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) puso en marcha formaciones, aunque para los veterinarios siguen siendo insuficientes. “Se ha contado con formación sobre el uso de la aplicación, pero muy tarde, con poco margen frente al inicio de la obligatoriedad de las comunicaciones, y, al haber tenido tan poco tiempo para la fase de pruebas, ha dificultado enormemente la integración en los programas de gestión de los centros veterinarios”, puntualiza el veterinario.
Además, este decreto también impone un régimen sancionador “absolutamente desproporcionado”, asegura Lázaro. “La normativa vigente incluye sanciones severas por incumplimientos o errores, que ha generado un clima de preocupación e inseguridad en el ejercicio profesional” y “las multas económicas, de hasta cientos de miles de euros, y las posibles repercusiones legales se perciben como desproporcionadas e injustas, considerando las dificultades prácticas asociadas con la implementación inicial del sistema”.
Esta opinión de los profesionales veterinarios ha llevado al ministerio a plantearse la normativa para facilitar el uso de PRESVET y que este sea de transición. “Tenemos constancia de que están revisando diversos procedimientos, registro de colegiados, que están dando errores, problemas con los certificados…”, afirma Lázaro. Pero por ahora, los veterinarios continúan demandando “una moratoria que permita un mejor funcionamiento de la aplicación y la adaptación de los veterinarios a su uso.; e incluso que se estudie la posibilidad de simplificar los trámites”, concluye.