El sector veterinario continúa alzando la voz por la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, una normativa que, según denuncian los profesionales, pone en peligro la salud de los animales y supone un ataque a su criterio profesional. "Este Real Decreto entró en vigor el 2 de enero. El Gobierno dice que hemos tenido tiempo para ponernos al día, pero esto es completamente falso", declara en AnimalCare Tania Oncins, directora del Centro Veterinario Ohana en Alcorcón y encargada de leer el manifiesto en la última movilización del sector en Madrid.
Una de las principales reivindicaciones de los veterinarios es la implementación de la plataforma Presvet, que según la directora de Ohana, "empezó a funcionar de mala manera en diciembre de 2024". La normativa adapta, a criterio del Gobierno, la legislación europea sobre el uso de antibóticos en animales de granja y la extiende a la clínica de pequeños animales. "No podemos aplicar la misma normativa para los animales de producción que para perros y gatos”, afirma.
"Nos amenazan con multas entre los dos mil y el millón doscientos mil euros. ¿Qué propietario de clínica de pequeños animales tiene dinero suficiente para pagar eso?"
Además, se trata de una normativa que conlleva “sanciones desproporcionadas”, las cuales también han generado alarma en la profesión. "Nos amenazan con multas entre los dos mil y el millón doscientos mil euros. ¿Qué propietario de clínica de pequeños animales tiene dinero suficiente para pagar eso?", cuestiona la veterinaria.
Pero de todas las imposiciones de esta normativa, una de las que más preocupa es la restricción en la prescripción de antibióticos, lo que “pone en peligro la salud de nuestros animales”, asevera la veterinaria. "Nos obligan a empezar por el apartado D de la lista del Gobierno, que solo incluye antibacterianos de amplio espectro", explica Oncins. "El problema es que las bacterias más peligrosas, tanto para animales como para humanos, son gramnegativas, y los antibóticos de la lista D les hacen cosquillas. No sirven para nada".
A esta prohibición en la lista de antibióticos se suman los cultivos y antibiogramas, que obligan a los veterinarios a justificar el uso de estos medicamentos. "Si viene una inspección y me pregunta por qué le he puesto un determinado antibiótico a un animal con infección respiratoria, tengo que justificarlo con cultivos y antibiogramas guardados bajo llave. Es una locura", denuncia. Además, los cultivos y antibiogramas tienen un coste “que no todas las personas pueden cubrir”. "Hay personas que tienen que elegir entre llenar el carrito del supermercado o pagar un cultivo y antibiograma que cuesta 100 euros", lamenta.
"Hay personas que tienen que elegir entre llenar el carrito del supermercado o pagar un cultivo y antibiograma que cuesta 100 euros"
Por otro lado, Oncins exige la posibilidad de prescribir y dispensar el tratamiento exacto para cada paciente, como ocurre en otros países. "En Estados Unidos te dan siete días de antibóticos, siete pastillas. Ni una más, ni una menos", señala. Sin embargo, en España, los propietarios de mascotas deben peregrinar por farmacias en busca del medicamento, “a veces sin éxito o teniendo solo la opción de comprar una caja entera”, sostiene. "Si un animal con una infección urinaria necesita 20 comprimidos y le venden a su propietario una caja de 100. ¿Qué hace con los otros 80?".
El malestar en el sector se ha traducido en manifestaciones y medidas de protesta, como las que han puesto en marcha los diferentes colegios provinciales en todos los puntos de España para el próximo 26 de marzo. “No vamos a parar", advierte la veterinaria. Pero a pesar de esta lucha, los veterinarios siguen sin respuestas por parte del Ministerio. "El señor Planas dice que esto es para mejorar la resistencia a los antimicrobianos, pero lo único que va a conseguir es acabar con la salud de nuestros animales".
De hecho, como critica la profesional, no hay evidencia de lo que afirma el ministro de Agricultura. "No hay estudios que demuestren que los veterinarios de pequeños animales estamos provocando resistencias. Es más, velamos por la salud pública: con los antibóticos evitamos que un perro transmita bacterias tan peligrosas para la salud humana como la E. coli o la leptospirosis", defiende.
Todas estas restricciones han generado un malestar entre los veterinarios que ya se ha traducido en manifestaciones, cierres simbólicos de las clínicas y numerosas protestas por parte de los colegios veterinarios, las asociaciones empresariales y las entidades que a nivel nacional trabajan por la Veterinaria. “Esta normativa es una falta de respeto hacia nuestra profesionalidad. Nos sentimos narcotraficantes cuando solo queremos hacer nuestro trabajo. Basta ya”, concluye la veterinaria.