El Comité de Crisis Veterinario se ha reunido esta mañana en la sede de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) para recordar las reivindicaciones del sector bajo el lema "¡Dejadnos trabajar!" y anunciar las movilizaciones para el próximo 26 de marzo en todas las provincias del país. La profesión veterinaria continúa en pie de guerra contra las limitaciones impuestas por el Real Decreto 666/2023 y otras normativas que afectan al uso de medicamentos veterinarios.
Las asociaciones científicas, empresariales, sindicales y universitarias, junto con los colegios profesionales veterinarios y la OCV, han mostrado una postura unánime ante lo que consideran una regulación injusta y perjudicial. "El sector de los medicamentos humanos y el de los veterinarios son completamente distintos y deben abordarse de forma diferenciada", han expresado, defendiendo que la normativa actual impide la flexibilidad necesaria en la prescripción de tratamientos.
"La falta de flexibilidad puede, en ocasiones, favorecer el desarrollo de resistencias a los antibióticos"
Entre los principales puntos de conflicto, los veterinarios han denunciado que la interpretación restrictiva de la normativa en España les impide ajustar las dosis o la duración de los tratamientos según la evidencia científica, algo que sí es posible en otros países europeos. "La falta de flexibilidad puede, en ocasiones, favorecer el desarrollo de resistencias a los antibióticos", advierten.
Otra preocupación es la desactualización de muchas fichas técnicas de medicamentos veterinarios, que obliga a los profesionales a seguir indicaciones obsoletas en contra del criterio clínico. "En España, tiene mayor peso la normativa que la ciencia", afirman, comparando la situación con países como Suecia, donde se da prioridad a la evidencia científica.
Los veterinarios también rechazan el sistema de prescripción de antibióticos PresVet, impuesto por el Ministerio de Agricultura y no recogido en la normativa europea. "Esta aplicación supone una carga burocrática excesiva y no aporta información adicional a la ya existente", critican, añadiendo que su uso conlleva amenazas de sanciones desproporcionadas.
Otro problema grave es el desabastecimiento de medicamentos veterinarios en farmacias, lo que obliga a los propietarios de animales a recorrer múltiples establecimientos sin garantía de encontrar los tratamientos necesarios. Además, los veterinarios exigen que se les permita suministrar medicamentos en sus centros, algo habitual en otros países europeos, para evitar retrasos en la atención y minimizar los excedentes de fármacos.
El sector veterinario insta a la Administración a escuchar sus demandas y elaborar regulaciones basadas en criterios científicos y realistas. "No se puede seguir legislando sin contar con los profesionales que mejor conocen la realidad del sector", han concluido, reafirmando su determinación para manifestarse en defensa de su profesión y la salud animal.