El intrusismo en veterinaria: existe desde hace más de un siglo y es la lacra del ámbito sanitario

En los últimos meses, se han producido en España varios casos de intrusismo en veterinaria en clínicas de salud animal por personas sin formación ni autoridad.

Veterinarios. (Foto: Freepik)
Veterinarios. (Foto: Freepik)

El aumento de la formación mediante cursos y formaciones secundarias a las estipuladas en las instituciones públicas y privadas reconocidas está fomentando el intrusismo profesional. Esta actividad ilegal, sancionada por el Código Penal, también se está desarrollando dentro del ámbito veterinario. En los últimos meses, se han conocido casos de intrusismo de la labor veterinaria en algunos puntos de España.

Los Colegios Profesionales de Veterinarios ejercen una labor fundamental contra el intrusismo profesional. Además, la regulación de las competencias de los veterinarios está legislada mediante Real Decreto, entre los que destacan la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal que contempla las figuras del veterinario oficial y del veterinario autorizado o habilitado.

Pese a la existencia de esta legislación, aún se siguen ejerciendo prácticas relativas al intrusismo. La persecución de los casos de intrusismo “representa una de las prioridades” de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) que se encuentra a disposición de los Colegios Profesionales y Veterinarios para velar por un correcto ejercicio de la profesión.

“Se trata de un fenómeno que existe desde hace más de un siglo, que es delito y está muy presente en el ámbito sanitario"

En la junta interterritorial del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, celebrada a finales de 2022, se informó de los casos más comunes de intrusismo y se debatieron los fallos de la legislación ante este delito. Según informó la organización, “se trata de un fenómeno que existe desde hace más de un siglo, que es delito y está muy presente en el ámbito sanitario, pues hay unos actos propios atribuidos a unos profesionales concretos y solo ellos los pueden llevar a cabo, por su titulación académica y oficial”.

Entre las prácticas ilegales más destacadas de los últimos años figuran dentistas equinos, fisioterapeutas de animales y personas que tratan a animales de compañía sin contar con una titulación en Veterinaria. En este sentido, el fisioterapeuta animal no solo necesita la formación veterinaria, también se exige una formación complementaria en la mayor parte de Europa.

En primer lugar, en palabras de la OCV, la solicitud de cese de esta actividad ilegal se realiza mediante requerimiento al interesado para que finalice esta práctica, acompañado de advertencias legales. Si este procedimiento no fuera suficiente, se iniciaría la vía judicial. La OCV señala que, las actuaciones impulsadas por la organización, “responden siempre a la prudencia, lo que no significa inactividad”.

EL INTRUSISMO VETERINARIO EN LOS ÚLTIMOS MESES

A pesar del control y las medidas del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, además de las actuaciones de los colegios ante estas prácticas ilegales, en los últimos meses se han desarrollado determinadas actividades irregulares relacionadas con la profesión veterinaria.

El pasado 21 de julio, Europa Press informaba del desarrollo de labores irregulares relacionadas con la práctica veterinaria en Medina de Rioseco, Valladolid. La Guardia Civil investigó a cuatro personas por supuesto delito de intrusismo veterinario en la localidad.

La actividad se estaba desarrollando en una clínica veterinaria donde los acusados realizaban actuaciones como tratamientos clínicos, pruebas diagnosticas, test de enfermedades infecciosas o recetas médicas. Además, administraban vacunas y las anotaban en el Pasaporte Animal de Vacunación.

Cualquier práctica realizada en una clínica veterinaria deberá contar con un profesional bajo la condición de veterinario. Además, la prescripción de medicamentos debe realizarla un veterinario colegiado cuyo botiquín esté registrado en la Administración Pública correspondiente (Consejería de Sanidad o Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León).

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