El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a que refuerce la gestión de las colonias felinas en España. La iniciativa pide que se facilite a los ayuntamientos la financiación y coordinación necesarias para cumplir con los protocolos que establece la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Según expone la proposición del grupo, la legislación tiene como objetivo fortalecer la protección animal y reducir los abandonos, estableciendo un marco uniforme en toda España. Además, de acuerdo con esta normativa, las administraciones públicas y la ciudadanía deben colaborar para asegurar el respeto a los derechos de los animales y, los ayuntamientos, especialmente, deben velar por los animales abandonados.
En esta línea, siendo uno de los puntos clave de la ley, encontramos la gestión de las colonias de gatos callejeros mediante el protocolo CER (captura, esterilización y retorno). Este método permite controlar la población felina de forma ética y sostenible, evitando su proliferación y garantizando su bienestar.
"Todo ello, sin duda, representa un desafío considerable para las administraciones locales"
Esta gestión requiere un seguimiento constante de la salud y seguridad de los animales, así como la colaboración de asociaciones de protección animal y voluntarios, lo que añade complejidad a la gestión municipal. “Todo ello, sin duda, representa un desafío considerable para las administraciones locales, que deben asumir responsabilidades adicionales en un contexto ya de por sí complejo en cuanto a la gestión de los recursos municipales”, expone el texto del Grupo Parlamentario Popular.
La normativa establece nuevas obligaciones para las administraciones locales en cuanto al control y cuidado de los animales callejeros, que superan en algunos casos las leyes autonómicas vigentes. Por ejemplo, en Andalucía, la ley de protección animal exige a los municipios disponer de refugios para animales abandonados.
"El control de los gatos existentes en los núcleos urbanos siempre ha sido una atribución municipal, pero la entrada en vigor de esta nueva regulación aumenta de forma exponencial las exigencias de gestión"
Sin embargo, a pesar de estas obligaciones, las administraciones locales no cuentan con medios económicos para cubrir los gastos que esta gestión supone. “La atribución de competencias específicas a las entidades locales no incluye una expresa previsión sobre su repercusión financiera en esta Administración”, indican los populares. “El control de los gatos existentes en los núcleos urbanos siempre ha sido una atribución municipal, pero la entrada en vigor de esta nueva regulación aumenta de forma exponencial las exigencias de gestión atribuidas a la Administración local, lo que se debe plasmar en un aumento de dotación técnica, humana y financiera”, añaden.
Para abordar esta situación, el Grupo Parlamentario Popular solicita que el Gobierno establezca un fondo específico destinado a financiar el protocolo CER y otros requisitos que demanda la normativa. Asimismo, la proposición también sugiere un sistema de coordinación entre el Gobierno y los ayuntamientos para asegurar que los protocolos se implementen correctamente, evitando incumplimientos que podrían poner en riesgo el bienestar de los animales y afectar la convivencia ciudadana.
Además, la proposición insiste en la necesidad de formación especializada para los trabajadores municipales y los cuerpos de seguridad locales encargados de gestionar las colonias felinas. “Impulsar la formación especializada para los técnicos municipales encargados de la gestión de las colonias felinas, así como para los cuerpos de seguridad locales, con el fin de asegurar una actuación adecuada y conforme a los principios de bienestar animal”, apunta el documento presentado por el grupo.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular considera fundamental que el Gobierno asuma su responsabilidad en la financiación y coordinación de las políticas de protección animal. De lo contrario, advierten, los ayuntamientos podrían enfrentar una carga insostenible, poniendo en riesgo la adecuada aplicación de la ley y el bienestar de los animales en España.