Según el Informe Veneno en España, publicado en 2020 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Española de Ornitología (SEO), entre 1992 y 2017, murieron 21.260 animales por consumo de cebos envenenados. Entre las especie más amenazadas se encuentran el buitre negro, el leonado, el oso pardo, el lince o el zorro. Además, este problema también afecta a animales de compañía afectados por envenenamientos en núcleos urbanos.
El informe sitúa a la ganadería como la segunda causa del uso de cebos. Con la ausencia del pastor o el encargado de controlar a las explotaciones ganaderas, los cebos actúan como herramienta de vigilancia en el entorno para evitar que el ganado sea depredado por la fauna silvestre. A este sector le siguen la agricultura, la apicultura y la colombicultura, para evitar que las especies silvestres erradiquen zonas de campo y otras especies autóctonas.
En concreto, han sido más de 80 sustancias las utilizadas para la eliminación de especies silvestres. A este grupo hay que sumarle las sustancias utilizadas en los entornos urbanos, las cuales no quedan contrastadas en los servicios de medio ambiente de las comunidades autónomas.
Los carbamatos y los organofosforados son los compuestos más utilizados para la práctica ilegal de envenenamiento de animales
Los compuestos más utilizados son los carbamatos, con un 68% de prevalencia en su uso, y un 10% de organofosforados. En el primer caso, este compuesto basado en un ácido, se utiliza para la producción de algunos medicamentos para revertir el bloqueo neuromuscular. Ambos son compuestos de insecticidas que provocan salivación, diarrea o fasciculaciones musculares, entre otros síntomas.
En el 40% de los envenenamientos analizados en el informe, prevalece el aldicarb, un producto que se utiliza como plaguicida sistémico y que fue prohibido en Europa en 2003, aunque en España se extendió su uso durante más años. Le sigue el carbofurano, con un 24%, también un plaguicida sistémico que se prohibió en España en 2007.
Pese a la prevalencia de estos episodios en especies silvestres, los animales domésticos representan un 21% de los envenenamientos. El primer grupo de animales afectados son las aves rapaces, con un 35%, al que le siguen los animales domésticos en entornos urbanos.
En el registro general de casos se ha detectado una disminución progresiva de las muertes por envenenamiento hasta 2017
En total, en España han muerto 3.543 perros por envenenamiento, siendo Andalucía la comunidad autónoma más afectada por estas prácticas ilegales y perjudiciales para la salud de los animales. Sin embargo, en el registro general de casos, se ha detectado una disminución progresiva de los casos hasta el año contabilizado, 2017.
No obstante, estos datos solo reflejan un pequeño porcentaje de los casos que se dan en las Comunidades Autónomas gracias a las peticiones de información. La mayoría de casos no se detectan y, según la WWF, solo se detectan entre el 10 y el 15% de los envenenamientos.
ESTRATEGIAS CONTRA LOS ENVENENAMIENTOS
Algunas organizaciones han contribuido a la gestión y el control de estas acciones. WWF España y SEO han organizado planes de acción para lidiar contra esta problemática mediante propuestas normativas que establezcan cauces legales para el control y erradicación de estas prácticas. Desde SEO/BirdLife establecieron Planes de Acción contra el veneno en varias autonomías. Además, la organización coordina desde 2017 el Grupo de Trabajo para la Prevención del Envenenamiento del Convenio de Especies Migratorias del PNUMA.
Ambos organismos han colaborado con el Servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que cuenta con una Unidad canina especializada para la detección de estos cebos y productos nocivos para la salud animal.
Los equipos guía de la Guardia Civil ejercen una labor reseñable en la detección y disuasión del uso ilegal del veneno. El informe señala que “la creación de la Unidad Canina especializada de la Guardia Civil, junto con el trabajo de las patrullas caninas regionales y agentes de medio ambiente es probablemente el hecho más destacado en la persecución del uso ilegal de veneno en los últimos años en nuestro país”.
Por su parte, cada comunidad autónoma, ejerce su labor en la detección del uso ilegal de veneno, mediante Estrategias y Planes de Acción que siguen los criterios de la Estrategia Nacional de lucha contra el uso de estos productos. No obstante, según el informe, aún queda camino por recorrer porque “faltan equipos y recursos suficientes” para aplicar estas medidas de forma correcta, además de la escasez de “prioridad política a su implementación”.