El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al real decreto que introduce cambios en diversas normativas relacionadas con la actividad ganadera. Entre las modificaciones destaca la implementación de algunos compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco de las 43 medidas para mejorar la situación de agricultores y ganaderos. Estos ajustes incluyen el aplazamiento de los plazos para la identificación electrónica del ganado bovino y la aplicación del plan sanitario integral en las explotaciones ganaderas.
El nuevo decreto modifica las regulaciones sobre trazabilidad, identificación y registro de animales terrestres en cautividad. Estas reformas buscan introducir mayor flexibilidad en ciertos casos, mejorar la claridad normativa y garantizar su eficacia, todo ello en línea con las normativas nacionales y europeas. Uno de los principales cambios es la prórroga hasta el 25 de junio de 2025 para la implantación de la identificación electrónica del ganado bovino. A partir de esa fecha, todos los animales nacidos deberán contar con esta identificación.
Esta normativa establece la obligatoriedad de que las explotaciones ganaderas comerciales cuenten con un plan sanitario integral
Además, se establece que la obligatoriedad de que las explotaciones ganaderas comerciales cuenten con un plan sanitario integral se pospone hasta el 1 de junio de 2025. Asimismo, la figura del veterinario de explotaciónpasa a ser voluntaria, aunque se mantienen las visitas zoosanitarias obligatorias. Estas medidas buscan ofrecer a los ganaderos el tiempo y los recursos necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias.
El decreto también incluye disposiciones relacionadas con la movilidad de los animales dentro de las explotaciones y su acceso a ambientes exteriores. Con estas reformas, el Gobierno responde a las demandas planteadas por agricultores y ganaderos durante las protestas realizadas a principios del año. Esto incluye compromisos asumidos con organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones.
Este decreto busca equilibrar las necesidades del sector ganadero con las exigencias normativas, mejorando la claridad, la eficiencia y la alineación con el marco europeo. Estas medidas representan un paso más en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno para apoyar a los agricultores y ganaderos en su labor diaria y garantizar la sostenibilidad del sector.