Si nos preguntamos si se está reduciendo el tráfico ilegal de especies la respuesta es sí, pero con matices. Aunque hay indicios de que cada vez más países están concienciados con reducir y penalizar estas actividades ilegales, lo cierto es que todavía queda mucho por hacer. Esta es la conclusión del tercer ‘Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2024’ publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Concretamente, las organizaciones responsables de su control llevan 20 años trabajando para controlar estos delitos y, aún así, no se ha conseguido frenar. “El tráfico de vida silvestre persiste en todo el mundo a pesar de dos décadas de acción concertada a nivel internacional y nacional; se podrían lograr avances más rápidos y mensurables si las intervenciones se basaran en evidencia científica más sólida”, comentan los expertos en el informe.
El rinoceronte es la especie más afectada por el comercio ilegal con un 29%, seguido de los pangolines (28%) y los elefantes (15%)
Rinocerontes, elefantes, aves rapaces, lagartos o tortugas son algunos de los animales de una larga lista de especies registradas en decomisos. El rinoceronte es, sin duda, la especie más afectada por el comercio ilegal con un 29%, seguido de los pangolines (28%) y los elefantes (15%). Estos son los resultados presentados en el informe correspondientes al periodo de observación desde 2015 hasta 2021.
Lo que más preocupa de estos datos es que, si hablamos de animales como el elefante o el rinoceronte, la demanda no se debe a cuestiones indispensables para la supervivencia humana, como podría ser el alimento o la investigación médica. Estas especies se comercializan de manera ilegal con un objetivo diferente: conseguir un mercado exclusivo de bienes para adorno. La caza ilegal de estos animales y su posterior comercialización permite que en el mercado haya marfil de elefante, cuernos de rinoceronte o incluso lana, procedente del antílope tibetano.
Es cierto que, aunque esta situación siga siendo objeto de preocupación, las cifras han descendido en los últimos años. Tanto el comercio de rinocerontes, pangolines y elefantes, como el de loros, tortugas o carnívoros se redujo significativamente en 2020 y 2021. Sin embargo, las especies amenazadas siguen representando un porcentaje muy elevado. De las 1.652 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios registradas en incautaciones, el 40% han sido clasificadas como especies amenazadas o casi amenazadas.
El rinoceronte se encuentra en el punto de mira de África, Asia y Europa
Y aunque África sea el lugar del mundo donde más predomina el comercio ilegal de rinocerontes, Europa y Asia no se quedan atrás. África se acerca al 80% de las especies incautadas, mientras Asia se aproxima al 70%. Europa, por su parte, se sitúa cerca del 10%, un porcentaje muy bajo con respecto al resto de continentes, pero que también preocupa. El resto de especies afectadas en nuestro continente son las serpientes.
Asimismo, en el total de incautaciones, incluidas las especies vegetales que también se encuentran en riesgo por el comercio ilegal, el rinoceronte también tiene hueco, siendo la tercera especie – entre vegetales y animales – a nivel mundial con más incautaciones entre los años 2015 y 2021. No obstante, los productos que se extraen de este animal, como el marfil, no están entre los principales. Las tallas de marfil representan un 3% de todos los productos incautados en los años analizados por el informe.
“Los delitos contra la vida silvestre infligen un daño incalculable a la naturaleza y también ponen en peligro los medios de subsistencia, la salud pública, la buena gobernanza y la capacidad de nuestro planeta para luchar contra el cambio climático”, afirmó la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.
“Para enfrentar este delito, debemos ir a la par de la adaptabilidad y agilidad del comercio ilegal de vida silvestre. Esto exige intervenciones consistentes y específicas tanto para la demanda como para la oferta de la cadena de tráfico de vida silvestre, esfuerzos para reducir los incentivos y las ganancias delictivas, y una mayor inversión en datos, análisis y capacidades de monitoreo”, concluye.